México obtuvo una importante victoria internacional luego de que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, fallara por unanimidad a favor del Estado mexicano en una demanda promovida por la empresa estadounidense Silver Bull Resources.
La compañía reclamaba una indemnización superior a los 315 millones de dólares, argumentando presuntas afectaciones a un proyecto minero en Sierra Mojada, Coahuila. Sin embargo, el tribunal rechazó en su totalidad sus reclamaciones y ordenó a la empresa reembolsar a México parte de los gastos y costos generados durante el proceso arbitral.
La Secretaría de Economía informó que el laudo fue emitido el pasado 29 de mayo de 2026 y representa un resultado favorable para el país en un litigio internacional iniciado en junio de 2023, al amparo del antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Silver Bull sostuvo que su filial mexicana, Minera Metalín, adquirió diversas concesiones mineras entre 1996 y 2002 y que, a partir de 2019, un conflicto con una cooperativa minera local impidió el desarrollo de sus operaciones en Coahuila.
No obstante, el Gobierno de México defendió que las autoridades estatales actuaron de manera razonable ante un conflicto social generado en la región y argumentó además que las reclamaciones de la empresa estaban fuera de los plazos establecidos por el tratado comercial. También sostuvo que la compañía no contaba con la capacidad técnica ni financiera necesaria para concretar el proyecto minero.
Tras analizar el caso, el tribunal arbitral respaldó los argumentos presentados por el Estado mexicano y concluyó que no existían elementos para responsabilizar a las autoridades por el bloqueo del proyecto.
Además, determinó que los hechos señalados por la empresa ocurrieron fuera del periodo que podía ser revisado bajo las disposiciones del TLCAN, por lo que el panel concluyó que carecía de competencia para entrar al fondo del asunto.
La resolución representa un importante triunfo para la defensa jurídica del Estado mexicano, ya que evita una posible indemnización multimillonaria que habría impactado las finanzas públicas.
La representación de México estuvo a cargo de la Secretaría de Economía que dirige Marcelo Ebrard, a través de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, con el respaldo de las firmas especializadas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
La dependencia federal informó que actualmente revisa el contenido del laudo para identificar información que deba mantenerse protegida conforme a la normativa aplicable. Una vez concluido ese procedimiento, la resolución será publicada de manera íntegra en el portal oficial del CIADI.
