Magistrado mintió en mañanera judicial; venta de examen fue real

Aunque el magistrado Juan José Olvera lo niegue y diga que todo se trató de una “sospecha” y “especulación”, está comprobado que al menos un examen para jueces de distrito fue vendido a sus aspirantes.

En la “Mañanera Judicial” de hoy, el magistrado Juan José Olvera trató de minimizar la venta de uno de los exámenes al interior del Poder Judicial a los aspirantes e inclusive llegó al extremo de negar los hechos y rebajarlo a una simple “sospecha”.

“En el año 2018 ocurrió una irregularidad en el proceso. Se especuló en ese momento, era sólo una especulación, de que se había filtrado el examen y algunas personas lo estaban vendiendo. Esto fue lo que ocasionó que eventualmente en estos días se dijera en la conferencia matutina de la Presidencia de la República, que los exámenes se vendían” dijo tímidamente el juez Olvera, tratando de no dar muchos detalles sobre el caso.

Sin embargo, el escándalo de la compra-venta de exámenes para jueces de distrito en el Poder Judicial de la Federación (PJF) durante la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal con el actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Águilar, fue una realidad.

Todo comenzó en mayo de 2018 cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) identificó irregularidades durante el proceso de selección de jueces de distrito, en el que más de 2 mil 600 aspirantes competían por 100 vacantes.

La investigación señaló que José Alfredo Sánchez López, director de Informática del entonces Instituto de la Judicatura Federal (IJF), vendió a miembros del Poder Judicial las preguntas y respuestas del examen de oposición.

Según la indagatoria, la información clasificada fue vendida a varios aspirantes a través de una red que incluía a exfuncionarios del PJF y particulares. Entre los involucrados más destacados estuvo Óscar Esquivel Martínez, ex secretario del Décimo Tribunal Colegiado Penal, quien ofreció las preguntas del examen en tarifas que oscilaban entre los 25 mil pesos, 50 mil pesos y 186 mil pesos, dependiendo del nivel de acceso y la información requerida, de acuerdo con un reportaje de Abel Barajas en el diario Reforma.

La mecánica de la filtración se dio cuando Marga Xóchitl Cárdenas, secretaria de selección del IJF, notó un error en el examen, lo que motivó a que solicitara ayuda a Sánchez López para corregirlo. Durante este proceso, Sánchez tuvo acceso directo a los archivos del examen en una computadora que llamaban “la superpoderosa”, lo que le permitió extraer y distribuir los reactivos a terceros. Un mes después, se produjo la segunda filtración relacionada con el caso práctico del examen, que también fue vendida a los aspirantes.

El CJF documentó cómo Esquivel Martínez, tras obtener los reactivos, se puso en contacto con varios funcionarios judiciales y aspirantes para venderles la información. Entre los involucrados en esta red de corrupción estaban secretarios de tribunales como Roberto León Rodríguez, quien admitió haber comprado los reactivos por 25 mil pesos. A partir de su confesión, las autoridades pudieron identificar a otros participantes en el esquema.

León Rodríguez describió cómo Esquivel le ofreció los reactivos por WhatsApp y lo convenció de comprarlos por 100 mil pesos pero finalmente accedió a vendérselos por 25 mil pesos. Además, detalló cómo, tras obtener los documentos en una USB, se encontró con Esquivel en un Sanborns de Tlalpan en la Ciudad de México para cerrar la transacción.

Este testimonio permitió al CJF trazar la red de llamadas y mensajes que implicaba a otros secretarios y jueces en la compra de las respuestas, incluyendo a Alejandro Ordóñez Pérez, Patricia Guadalupe Lee Martínez y Verónica Patiño Olvera, quienes a su vez contactaron a otros colegas interesados en adquirir la información. El esquema de corrupción se extendió a diferentes tribunales y regiones del país, afectando la integridad de uno de los concursos más importantes del Poder Judicial.

La gravedad del caso llevó al CJF a inhabilitar a 13 funcionarios y un particular, incluido el magistrado Salvador Mondragón Reyes, director del IJF en ese momento.

Así, el caso no sólo fue una “sospecha de corrupción” como trató de maquillar el magistrado Juan José Olvera, sino que puso de manifiesto las debilidades en los mecanismos de control dentro del PJF y la posibilidad de que funcionarios con acceso a información privilegiada pudieran abusar de su posición para lucrar con procesos tan delicados como el de la selección de jueces.