La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha generado pagos irregulares para obras o bienes que no fueron entregados o aprobados y, en varias ocasiones, mediante el incumplimiento de las normas de contratación y administración de obras públicas, según revelaron auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC).

Según un reportaje de Sebastián Barragán, publicado en Aristegui Noticias, los señalamientos serían por 765 millones 885 mil pesos, aunque habría que considerar también los mil 17 millones de pesos que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de 2016, lo que daría un total de mil 783 millones de pesos en irregularidades documentadas.

Aunado a esto, también se han encontrado errores en los procesos de contratación. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) entregó 6 mil 231 millones de pesos en contratos con otras dependencias, entre ellas el Ejército, la CFE o la UNAM, que no comprobaron tener la capacidad técnica, material y humana para realizar los trabajos para los que fueron contratadas y que, por tratarse de instituciones públicas y educativas, no participaron en licitaciones públicas.

Al respecto, un reportaje publicado en marzo de este año por Aristegui Noticias demostró que la Sedena, recibió un contrato para encargarse de la construcción de la barda y el camino perimetral del aeropuerto, pero que en realidad subcontrató todas las tareas e, incluso, recurrió a al menos dos empresas fantasma.

Las primeras revisiones señalan que las empresas que han actuado fuera de la legalidad en las licitaciones abarcan varios rubros en el proyecto. Por ejemplo, FP-Free, el despacho de arquitectura encabezado por Fernando Romero -yerno de Carlos Slim- fue obligado en diciembre de 2017 a reintegrar 754 millones 724 mil pesos por tratarse de cobros realizados fuera de la norma.

Dicha empresa, perteneciente al consorcio con Servicios Smart Free a tu Nivel y Havauz y Foster + Partners Limited, está encargada del diseño de la terminal aérea con un contrato de 2 mil 692 millones de pesos, según indica la página de transparencia del proyecto.

La investigación de Aristegui Noticias señala que, según la Auditoría 05/2017 incluye siete observaciones, de las cuales dos se refieren al despacho de arquitectura por los cobros realizados fuera de norma. En la primera se ordena al despacho regresar 61.5 millones de pesos, por cargos improcedentes por mano de obra, ya que esos debían estar incluidos en la cotización original.

La segunda observación indica que el GACM pagó 693 millones 222 mil pesos a la empresa por trabajos extraordinarios que no estaban contemplados en el contrato original, por lo que se ordenó el reintegro mediante descuentos en facturas, con una plazo límite al 23 de febrero. Según el portal de noticias, a la fecha no se observa ninguna actualización o trámite en proceso.

Otra empresa señalada por procesos irregulares en la construcción de la terminal aérea es Transportes y Construcciones Tamaulipecos (Tracotamsa), propiedad de Rolando Cantú Barragán -primo de de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y propietario de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto-.

El pasado 10 de abril, la Secretaría de la Función Pública (SPF) notificó la inhabilitación por tres meses a la firma y, en la auditoría 03/2017 se muestra que ésta recibió pagos por 6 millones 782 mil pesos por “obra no ejecutada”, como parte de un contrato por 54 millones de pesos para pavimentar calles del municipio de Texcoco.

Tracotamsa tenía el objetivo de pavimentar 81 calles, pero sólo lo hizo en 64. Además, los auditores encontraron que la firma pavimentó nueve avenidas que no estaban especificadas en el contrato. Las irregularidades encontradas en esta área fueron por 4 millones 379 mil 559 pesos.

Además, el GACM pagó a esta empresa 508 mil pesos por trabajos no autorizados y la bitácora de obra fue abierta 18 días tarde.

Al respecto, el Grupo Aeroportuario replicó, mediante un correo electrónico, que no hay procesos administrativos que estén terminados completamente, por lo cual las observaciones aún pueden ser subsanadas.

“Hasta el momento, las observaciones que han sido determinadas por el Órgano Interno de Control se encuentran en proceso de atención o solventación dentro de los términos que prevé la Ley para tal efecto, donde en caso de que dichas observaciones persistan, darán lugar a que se lleven a cabo las acciones tendientes a la recuperación de los montos que no hayan sido aclarados”, afirmó la dependencia.

El GACM también indicó que su Órgano Interno de Control se encuentra realizando el seguimiento y las investigaciones necesarias para que los procedimientos administrativos se lleven a cabo hasta las últimas consecuencias, con la intención de imponer las sanciones que la ley establezca.