La gasera sonorense Blue Propane respaldó la medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establezca límites en el precio del gas LP al público, aseguró el Presidente de la compañía Jorge Alberto Elías Retes.
“Es una medida necesaria sobre todo porque beneficiará a las familias más pobres. El gas LP es un insumo básico para el desarrollo de las familias y no puede seguir permitiéndose que los empresarios monstruos del gas en México sigan exprimiendo el bolsillo de las familias. El Presidente hace lo correcto y por eso en Blue Propane lo respaldamos”, afirmó.
Elías Retes dijo que “en Tijuana, por ejemplo, las empresas del Grupo Tomza y Zeta Gas, han sido obligadas a bajar los altísimos precios hasta en un 30% gracias a la medida anunciada por la CRE, donde sin duda alguna quienes más se benefician son las familias más humildes”.
El empresario sonorense informó además que Blue Propane presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas, distorsión del mercado y delitos contra la economía doméstica, en contra de las empresas Zeta Gas y Grupo Tomza, de Evangelina Zaragoza López y Tomás Zaragoza Ito, además de autoridades estatales de Baja California, la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento de Tijuana y dos supuestos asociaciones civiles que han operado como brazo del monopolio para evitar que nuevas empresas abran el mercado del gas LP en la entidad fronteriza.
“La denuncia que interpusimos ante la Cofece explica que los denunciados se encuentran implementando dolosamente juicios, acciones, omisiones, procedimientos y denuncias con el fin de establecer barreras a la competencia y la libre concurrencia con las que pretenden propiciar practicas desleales y monopólicas, situación que también ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador al mencionar que hay cinco familias en el país que tienen cooptado el mercado”, explicó Elias Retes.
En noviembre pasado, una investigación periodística reveló que desde hace 20 años, en Baja California, 12 integrantes de la familia Zaragoza Fuentes controlan 58 permisos para el almacenamiento, expendio, distribución y transporte de gas licuado de petróleo, y los gobiernos federal y local no los han sancionado por el control que mantienen del mercado.
Del total de permisos entregados en Baja California, y de acuerdo con actas notariadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como en bases de datos de la CRE, el 63% están vinculados a algún integrante de la familia Zaragoza.
