A pesar de que varias organizaciones civiles se pronunciaron en contra de la Ley General de Comunicación Social, también conocida como “Ley Chayote”, el pasado 8 de mayo Enrique Peña Nieto firmó el decreto para expedirla y apareció este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La legislación, que entrará en vigor el primero de enero de 2019, consta de 45 artículos y ocho transitorios que regularán la propaganda oficial.
“La presente ley tiene por objetivo establecer las normas a las que deberán sujetarse los Entes Públicos, de manera que supuestamente se garantice que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, según indica el decreto.
Entre las normas que presenta está el artículo 17, el cual indica que los tiempos oficiales serán repartidos con un 40% para el Poder Ejecutivo, 30% para el Poder Legislativo -en partes iguales para la Cámara de Diputados y el Senado de la República-, 10% al Poder Judicial y 20% a los órganos autónomos.
El artículo 35 señala que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social, deberán inscribirse previamente al Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tendrá que ser público y accesible a la distancia.
Por su parte, el artículo 38 menciona que la revisión y la fiscalización de los recursos públicos federales en materia de Comunicación Social se realizarán a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), según lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Cabe recordar que en noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo promovido por la organización civil Artículo 19, en el cual se ordenaba al Congreso de la Unión a expedir la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional, a más tardar el pasado 30 de abril.
En la solicitud se pedía que se atendieran principios de transparencia en el otorgamiento de los contratos, topes claros en los gastos de Comunicación Social y que hubiera una distribución lógica y equitativa de los recursos. No obstante, las organizaciones civiles y organismos internacionales aseguran que no se ha cumplido con este mandato.
La legislación ha generado tal controversia que incluso el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, escribió en su cuenta de Twitter que, al adoptar la Ley de Comunicación Social sin tomar en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos, se ha perdido una oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la publicidad oficial en México.
Por su parte, el pasado 3 de mayo, el colectivo Medios Libres -compuesto por más de 40 organizaciones de la sociedad civil- solicitó a Peña Nieto hacer las observaciones necesarias a la ley, y que éstas fueran de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y según las múltiples recomendaciones que los diversos especialistas han realizado a lo largo de cinco meses desde que se dictó la sentencia de la SCJN.
“Le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil”, señalaba la carta.
La #LeyChayote vulnera la #LibertadDePrensa.
El colectivo #MediosLibres exige a @EPN no promulgarla, ya que permite que el gasto arbitrario y opaco en @PubliOficial continúe. pic.twitter.com/1dVyfeLIOx
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) 3 de mayo de 2018
armando garcía lagos barba
11 mayo, 2018 at 7:50 pm
¿Qué nos indica este acto presidencial? Que el presidente no representa los deseos e intereses del pueblo que lo eligió. Es más, en algunos casos se puede considerar como enemigo porque hace mal uso de sus poderes para beneficio propio y de sus allegados. Este tipo de gobierno se llama: DICTADURA, con cualquier adjetivo que se le quiera agregar para tratar de disfrazar su voracidad.