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Ejército mexicano. Foto: Especial

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Morena presenta iniciativa para crear Guardia Nacional; ONGs piden frenarla

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó este martes una iniciativa para crear la Guardia Nacional.

La iniciativa plantea reformar los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución con el fin  de que la Guardia Nacional sea un cuerpo de vigilancia bajo el mando del Ejército Nacional, y que se integre por policías militares y navales, elementos de la Policía Federal, así como civiles y elementos de tropa.

En el documento presentado ante la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se especifica que la Guardia Nacional será una institución del Estado que participará en el salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, así como el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad y bienes, además de preservar el orden, la paz pública, los bienes y los recursos de la nación.

Cámara de Diputados. Foto: Especial

También se describe que, en el ámbito de su competencia, deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con que cuenten las entidades federativas y los municipios, así como con las demás autoridades de la Federación que correspondan.

Mediante el ramo de la seguridad, el Ejecutivo Federal deberá elaborar los planes, estrategias y acciones en materia de seguridad, para que a su vez, la dependencia del ramo de la defensa nacional y las demás que correspondan, instrumenten las que competan.

Se prohibe, además, que en tiempos de paz algún extranjero pueda participar en la Guardia Nacional y se explica que será el Congreso de la Unión el encargado de generar las leyes que reglamenten la organización, adscripción, armamento, disciplina, profesionalización y uso de la fuerza de la Guardia.

Andrés Manuel López Obrador presenta el plan nacional de paz y seguridad. Foto: Especial

Mientras tanto, la reforma al artículo 89 de la Constitución establece que serán obligaciones del Presidente de la República poner orden, disponer y reglamentar, mediante la dependencia correspondiente, a las policías auxiliares de las entidades federativas que operen fuera de sus propias entidades, al igual que a los cuerpos de seguridad privada debidamente autorizados por la Federación.

Organizaciones Civiles piden frenar iniciativa

129 organizaciones de la sociedad civil y más de 500 ciudadanos han pedido que se detenga la creación de la Guardia Nacional, pues aseguran que es una “falsa salida” de la crisis de inseguridad que vive nuestro país.

“Tanto el presidente electo como su equipo manifestaron durante años, campañas presidenciales incluidas, que las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados”, indica el documento firmado por colectivos como #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra.

También han cuestionado que se deje fuera del Plan Nacional de Seguridad la atención al desarrollo e incremento de las fuerzas policiales en tareas de seguridad, aunque el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido la necesidad de fortalecer a las corporaciones.

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Ejército mexicano. Foto: Especial

Consideran que, a pesar de las condiciones precarias en los sueldos, prestaciones e infraestructura y profesionalización de los cuerpos policíacos, no deben desecharse los recursos que se invirtieron durante años en esta materia.

“Las insuficiencias de nuestras policías se explican no por su incapacidad ni por su corrupción intrínsecas, sino por la indolencia de actores políticos que las han condenado al abandono”, dice la carta.

Además aseguran que, con el planteamiento de la Guardia Nacional, se ignoran las opiniones emitidas por instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos internacionales para evitar la militarización de las acciones de seguridad.

También acusan la posible ausencia de contrapesos, ocasionada por una posible falta de fiscalización y sanciones en la operación de los cuerpos castrenses.

“Los mandos militares serán, inevitablemente, actores políticos de primer orden, trastocando eventualmente el pacto federal y absorbiendo atribuciones que, hasta hoy, han correspondido a las autoridades civiles”, mencionan.

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