En menos de dos años el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que es posible establecer la austeridad republicana y también erradicar la corrupción. La actual administración marcó el fin de 36 años de un régimen neoliberal donde los gobiernos se convertían en facilitadores del saqueo y hacían jugosos negocios al amparo del poder público.
Durante ese periodo neolibreal se promovió la idea de que el gobierno era para servirse del pueblo y no para servir al pueblo; y expresiones de la dictadura priista como “el que no transa no avanza”, “la moral es un árbol que da moras” y “político pobre, pobre político”, entre otras, fueron como las bases éticas del régimen.
AMLO ha afirmado constantemente que el combate a la corrupción es un proceso de limpieza que se da desde arriba hacia abajo: “arriba…ya no existe el despacho presidencial, ya no se autorizan negocios jugosos, no se aprueban corruptelas, pero falta seguir limpiando para abajo”.
Sin embargo, el mandatario también ha señalado que aún se están limpiando dependencias federales, ya que el gobierno estaba tomado por los traficantes de influencias (autodenominados “empresarios”) que tenían a sus representantes en los puestos claves.
Entre los grupos que se resisten a este cambio de régimen y a perder la oportunidad de seguir amasando fortunas a costa del erario, además del BOA, el FRENAAA, el TUMOR y el FRENAAA 2 (“Sí por México”), están los gobernadores de la alianza federalista (diez gobernadores de los partidos de oposición PAN, PRI, MC, PRD y uno “independiente”), quienes recientemente abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y se han dedicado a desaprobar y contradecir diversas acciones del gobierno federal, como el manejo de la pandemia de Covid-19 y ahora la desaparición de los 109 fideicomisos.
Estos gobernadores aprovecharon la pandemia para pedir más recursos federales y algunos de ellos para endeudarse.
Desde entonces el presidente AMLO dejó claro que se está cumpliendo con el pago puntual de las participaciones federales: “no les debemos nada, ellos reciben mes con mes lo que por ley les corresponde, y esas participaciones federales han ido creciendo”.
Durante una conferencia de prensa en Reynosa, Tamaulipas, recomendó que no se diga que la federación no les entrega dinero a los estados. Mencionó ahí: “estamos al corriente, no les debemos nada a los estados, o ¿les debemos algo aquí en Tamaulipas?” -le preguntó directamente al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, integrante de dicha alianza opositora–”; el panista admitió que no.
Los gobernadores de Chihuahua y Nuevo León.
AMLO ha recomendado a los gobernadores en reiteradas ocasiones que erradiquen la corrupción, acaben con los privilegios de los altos funcionarios públicos y se sumen a la austeridad republicana.
Pero muy lejos de ser congruentes, y a pesar de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, tres de ellos ganan más que el Presidente: Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato), y Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes).
En su desesperación por manejar recursos a discrecionalidad, los gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para “defender” los 109 fideicomisos, bajo el argumento de que “se están confiscando bienes”.
Este argumento es falaz: el gobierno federal ha dejado muy claro que los apoyos de fideicomisos que actualmente se entregan a deportistas, artistas, investigadores, cineastas, y eventualmente a quien lo necesite, se mantendrán y se entregarán de manera directa, permitiendo así mayor transparencia.
Andrés Manuel ha cuestionado las críticas de esos gobernadores:
“¿de qué están preocupados estos gobernadores? si los apoyos los van a seguir recibiendo, no les va a faltar […] ¿Por qué se defiende este gobierno paralelo, o esta dualidad administrativa que eran los fideicomisos? Es tanta su ambición al dinero, su prepotencia y las malas costumbres, que enseñan el cobre defendiendo lo indefendible. Los que están defendiendo a los fideicomisos, defienden la corrupción, así de claro, porque esos fideicomisos no tenían ningún control, inclusive, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo ha expresado, no había transparencia y desde luego se transfería dinero del presupuesto público, dinero del pueblo a grupos y a empresas. Se subsidiaba a corporaciones que tienen muchos recursos. Todo esto bajo el supuesto de que se fomentaba la ciencia, y la tecnología”
De acuerdo a la ASF, durante los dos sexenios anteriores se encontraron irregularidades en la distribución de más de 32 mil millones de pesos de fideicomisos, de los cuales la mayoría corresponden al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que deberían haberse usado para resarcir los daños ocasionados por fenómenos naturales como los sismos de septiembre de 2017.
Gobernadores de la Alianza Federalista.
Otras irregularidades en más de 11 mil millones de pesos fueron detectadas en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y diferentes fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Otro caso reciente de corrupción en el manejo de fideicomisos fue el SEDECO-gate en Durango, donde, encabezados por el Secretario de Desarrollo Económico estatal, Ramón Tomás Dávila Flores, amigos y familiares de los empresarios líderes de organismos empresariales y miembros del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo Durango” fueron beneficiados, pues se repartieron 50 millones de pesos que originalmente estaban destinados a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia.
Como lo señala el presidente AMLO: “[los fideicomisos] fueron creando todo este andamiaje de organismos autónomos, para cooptar, comprar conciencias, lealtades. Porfirio Díaz le llamaba maicear, pero eso ya se terminó”.
Con las evidencias existentes (y las que vendrán próximamente) sobre la corrupción en los fideicomisos, no hay duda que estos representan otro de los mecanismos para el saqueo de los recursos públicos, un saqueo que perpetró la mafia política y económica que estaba en el poder y que hoy se resiste al cambio de régimen, a la austeridad republicana y al combate a la corrupción.
Para consumar la transformación profunda y anhelada por el pueblo, el cambio de régimen que puso en marcha AMLO a nivel federal deben ser aplicado también a nivel local, en todos los estados de la república. Y esto debe suceder aunque no les guste a los actuales gobernadores.
