Los excesos del INE: miles de millones para despilfarrar e inflar la nómina

El Instituto Nacional Electoral aprovechó que contaba con el presupuesto más alto que haya tenido en su historia -17 mil 246 millones de pesos- para cometer excesos en diversas áreas y contratar servicios de empresas privadas para llevar a cabo tareas que la misma institución podría realizar, como la corrección de estilo, asesoría para la contratación de capacitadores electorales o el seguimiento a las redes sociales.

El diario La Jornada publicó que, de acuerdo con el Informe de Gestión del Primer Semestre de 2018 del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, también se detectaron irregularidades en los procesos licitatorios y en la asignación de contratos de este periodo electoral.

Así, varias licitaciones que cumplían requisitos técnicos y económicos fueron desechadas, mientras que algunos contratos fueron segmentados para poder asignarlos directamente a una sola empresa, aunque en conjunto el monto involucrado impediría dicha acción. También se encontró que algunos trabajos fueron asignados a pesar de que se incumplía con los requisitos.

Además, el informe que presentó el OIC malos manejos en cuentas bancarias de la institución, entre las que destacan algunas que fueron abiertas en el ejercicio de 2017 “con saldo disponible y que no encuentra justificación, toda vez que no corresponden a pasivos contraídos en ese año, por lo que en su caso los recursos debieron ser reintegrados a la Tesorería de la Federación”.

Dicho documento es presentado a la par que es preparada la propuesta presupuestal que deberá aprobar el INE en las próximas semanas, para enviarla a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que sea incorporada en el paquete 2019.

Otra de las irregularidades que destaca es la contratación de servicios paralelos detectados en la Dirección Ejecutiva de Administración, en la Coordinación Nacional de Comunicación Social, en el Registro Federal de Electores y en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

En total, el OIC encontró 18 contratos para los siguientes servicios:

• Corrección de estilo de documentos
• Realización de estudios de opinión (sobre la imagen del instituto)
• Asesorías para el reclutamiento de capacitadores electorales
• Monitoreo de medios de comunicación y redes sociales
• Rediseño del catálogo de puestos

 

Estas contrataciones se hicieron a pesar de que dichas áreas cuentan con 62 puestos en su estructura, con un total de 430 funciones, de las cuales 219 están directamente relacionadas con los servicios contratados.

Al respecto, el titular del OIC, Gregorio Guerrero Pozas, dijo que es importante destacar que el monto entregado en los contratos es equivalente a 32 por ciento respecto de la percepción anual de dichos puestos.

Además, las auditorías realizadas revelaron que 10 cuentas bancarias de la Dirección Ejecutiva de Administración no fueron reportadas por esta instancia. La información publicada por La Jornada revela que dos de ellas fueron creadas en 2014 y 2015; otra con saldo no identificado, mismo que fue reintegrado a la Tesorería de la Federación el 19 de junio de 2018, es decir, con fecha posterior a la solicitud de confirmación de cuentas y saldos efectuada por el OIC a varios bancos.

Sobre las licitaciones, la investigación encontró que un licitante no acreditó varios requisitos relacionados con la especialidad y experiencias establecidos en la evaluación técnica. Además, se detectó una adquisición supuestamente fragmentada en el servicio de alimentación para el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización. Esto, debido a que el importe total designado superó el monto máximo de adjudicación directa y la otra se realizó con el mismo proveedor.

Finalmente, el OIC indicó que se pagaron 2 mil 620 turnos de los servicios proporcionados por personal de vigilancia sin que fueran acreditados en documentos en el respectivo contrato del servicio de seguridad.

Nómina también creció de forma “descontrolada”

Información del Órgano Interno de Control del INE, publicada por La Jornada, también expone el crecimiento “descontrolado” de la nómina del instituto, la cuál aumentó de 12 mil 317 plazas en 2012 a 17 mil 697 en este año. Actualmente, “el costo de la estructura es el principal elemento de presión del gasto y el mayor obstáculo para reducir el presupuesto del INE”.

Con el Plan de Austeridad promovido por el próximo gobierno, el OIC hace énfasis en la necesidad de “revisar la totalidad de las plazas por honorarios, con el fin de establecer las necesidades reales y evitar la contratación de este tipo de personal, situación que además de evadir el proceso formal de contratación, diluye las responsabilidades de los ocupantes”.

La Jornada detalla que el mismo INE informó sobre el impacto de los salarios en su presupuesto, los cuales pasaron de 6 mil 657 millones de pesos en 2012 a 10 mil 550 millones de pesos en este año, cabe señalar que en ambos se llevaron a cabo comicios presidenciales.

Por su parte, en los años en que no hubo elecciones federales también se detectó un incremento considerable: 4 mil 944 millones de pesos en 2013 y 7 mil 372 millones de pesos en 2017.

Y a pesar de que el informe reconoce que en este periodo entraron en vigor las reformas constitucionales que aumentaron las facultades del INE, no se especifica claramente si la asignación creciente al rubro salarial cumple con criterios de eficiencia.

Además, las distorciones en la estructura ocupacional del INE no son lo único que preocupa al OIC, sino también la ineficiencia en el ejercicio del gasto que genera inoperancia en su aplicación. Por ello, el organismo subraya que es impostergable corregir los tiempos en que se opera el presupuesto, pues el subejercicio es una práctica recurrente en el INE.

“Las deficiencias y vicios de operación han significado, por un lado, que un importante monto de los recursos quede sin ejercerse para los propósitos que originalmente habían sido autorizados por la Cámara de Diputados”.