Jorge Luis Lavalle Maury, el exsenador panista que actualmente está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa recibió un aplazamiento de tres meses más en su audiencia.
Según Milenio, funcionarios judiciales dieron a conocer que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte otorgó el plazo para que la defensa y los fiscales sigan recabando los datos que presentarán en la audiencia intermedia, así, el juez podrá definir cuáles podrán ser usados en un eventual juicio.
Desde el pasado 13 de abril el senador se encuentra preso, cuando el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia lo vinculó a proceso y decretó prisión preventiva justificada.
Lavalle Maury es originario de Campeche y fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente haber recibido dinero para aprobar la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Ese dinero, supuestamente habría formado parte de los sobornos realizados por la constructora brasileña Odebrecht.
La denuncia contra Lavalle Maury fue interpuesta por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien actualmente también enfrenta a la justicia por el caso de Agronitrogenados y por el caso Odebrecht.
Como prueba a su favor, el senador presentó los testimonios de Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex colaboradores cercanos de Lozoya, quienes rechazaron haber recibido y entregado el dinero.
Aún así, el juez consideró que no tenían el mismo valor que los datos recabados por la FGR.
Lavalle Maury ha intentado enfrentar su proceso en libertad, pues los delitos que se le imputan no ameritan prisión preventiva oficiosa y, aunque promovió un amparo, el juez en esa materia lo rechazó.
Varios medios de comunicación han indicado que la victoria de la FGR en este caso se debe a que la defensa del exlegislador panista cometió diversos errores que lo mantienen preso.
Como ejemplo, se menciona que el abogado defensor de Lavalle Maury es José Joaquín Zapata Altamirano, quien se ha desempeñado como “asesor jurídico” de Willi Arthur Gerhard Henze, dueño de la empresa Zecapan S.A.
Dicha empresa ha sido señalada por Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht México, de haber recibido seis millones de dólares que habría pedido Lozoya para la campaña del PRI.
La otra empresa es Latin America Asia Capital Holding LTD, relacionada con Emilio Lozoya y su familia.
Otro de los errores del a defensa fue argumentar que el video en que se ve a colaboradores de Lavalle Maury y Francisco Domínguez -actual gobernador de Querétaro- fue una prueba obtenida mediante la intervención de comunicaciones privadas o espionaje.
No obstante, el argumento no es válido pues la grabación fue ofrecida por el propio Lozoya y realizada directamente por sus colaboradores de Pemex.
En días pasados, Lozoya pidió una prórroga de 30 días para comparecer en los casos por los que fue vinculado a proceso, pues busca obtener información bancaria de Alemania y Suiza para su defensa.
Sin embargo, el pasado 18 de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en su contra, así como contra otras 11 personas físicas y 33 morales, por los delitos de corrupción política y desvío de recursos públicos realizados presuntamente mientras Lozoya era director de Pemex.
