Juez ligó a Peña Nieto, Videgaray y Anaya en presunta red delictiva

El ex Presidente Enrique Peña Nieto, su mano derecha Luis Videgaray y el panista Ricardo Anaya están en serios problemas.

El juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, encontró elementos para señalar la conformación de una presunta red delictiva entre Peña Nieto, Videgaray y Anaya, derivado de los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, en la audiencia de abril de este año.

Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución mexicana, el juez de control es quien resuelve “de forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad”, es decir, el juez de control es quien conforme al nuevo sistema procesal, emite órdenes de aprehensión y autos de vinculación a proceso, entre otras funciones.

Especialmente, una de las funciones más importantes del juez de control, de acuerdo con la doctora en sistema penal acusatorio, Erika Bardales Lazcano, es encargarse de “asegurar la obtención o conservación de las fuentes de prueba y preparar la audiencia de juicio”, por tal motivo, que el juez Marco Antonio Fuerte haya aceptado los elementos sobre la teoría del caso de la FGR, podría derivar en llevar a juicio a los implicados.

En la audiencia, la FGR acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la Reforma Energética.

Aunque hasta ahora sólo se ha procesado por este hecho al ex senador del PAN, José Luis Lavalle Maury, la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

“El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas” señaló en su resolución el juez Marco Antonio Fuerte Tapia.

Esta asociación criminal, añade el juez, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas.

Según el portal, las pruebas de la Fiscalía para sostener estas imputaciones se sostienen en tres declaraciones (y no una como se conocía hasta ahora) que ha rendido el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores. Esto sumado a declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, recibo de pagos y transferencias, un video, entre otros.

La FGR  ya trabaja en la preparación de las imputaciones en contra del resto de los implicados ya señalados ante el juez, lo que prevén ocurra en los siguientes meses.

Los fiscales explicaron al juez que para facilitar la aprobación de la reforma energética Peña y Videgaray decidieron implementar un esquema de sobornos dirigido a legisladores que se consideraban clave en dicha discusión, entre ellos el priista David Penchyna que lideraba la comisión de Energía del Senado y el panista Lavalle Maury quien era integrante de la misma.

El rol de Lavalle era particularmente importante pues él designó a una persona de su confianza, Rafael Caraveo Opengo, para ser el intermediario del dinero que iba destinado al grupo de legisladores panistas.

“El propósito de la asociación de los legisladores mencionados junto con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray era concretar la reforma energética atendiendo un interés económico que injustamente recibieron (…) para votar a favor de dicha reforma y así abrir a personas extranjeras la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación”, señaló el juez al recapitular el caso de los fiscales.

El esquema implementado fue el siguiente: siguiendo las instrucciones del presidente, Videgaray ordenó a Lozoya que se canalizara dinero proveniente de Odebrecht para entregarlos a un grupo de legisladores. Lozoya, a su vez, designó para tal función a tres funcionarios de Pemex de su confianza: José Velasco Herrera, Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo.

Estas personas fueron las responsables de, a su vez, de realizar las entregas de dinero a Caraveo Opengo, colaborador de Lavalle, quien finalmente lo puso en manos de su jefe para la dispersión entre los legisladores panistas.

Cada una de las entregas entre los intermediarios quedó asentada en un recibo que Opengo firmó a manera de acuse. Olascoaga, por su parte, habría grabado en video algunas de esos pagos por encargo de Lozoya.

Todo lo anterior fue confesado tanto por Lozoya en sus declaraciones de agosto, septiembre y octubre de 2020, así como por el propio Caraveo Opengo quien, asegura, no sabía cuál era el destino final. Otros testigos de nombre Noberto Gallardo Vargas, Miguel Pérez Esquivel y Froylan Gracia Galicia confirmaron el esquema.

Respecto al origen del dinero, los fiscales explicaron al juez que por decisión de Videgaray se utilizarían recursos provenientes de la constructora Odebrecht la cual, desde la campaña presidencial de Peña Nieto, venía canalizando recursos a través de empresas de papel denominadas “offshore”.

Los fiscales presumen que, para el caso de los sobornos en particular, el efectivo provino de recursos que la constructora brasileña canalizó a través de un esquema de triangulación de capitales usando empresas fachada. Esto para finalmente terminar en las cuentas de una particular denominada Fabiola Tapia Vargas.

“La dispersión en territorio nacional era por conducto de una empresa denominada Construcciones Industriales Tapia representada por Tapia Vargas. Todo ello para que a su vez esos recursos pudieran ser trasladados a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso y que por conducto de Emilio Lozoya se trasladaran a los legisladores a efecto de que pudiera aprobarse la reforma energética”, señaló el juez en su resolución.

La dispersión de los más de 97 millones de pesos se hizo a través de 15 entregas de las cuales quedaron acuses de recibido a manera de recibido. El dinero generalmente iba en billetes de 500 y 200 pesos de denominación, repartidos en maletas de color negro.

Las tres primeras entregas se llevaron a cabo el 11 de diciembre de 2013 por las cantidades de 900 mil pesos, diez millones de pesos y 13 millones de pesos respectivamente. Una cuarta entrega por 12 millones 800 mil pesos se materializó el 9 de enero de 2014, y una quinta por la misma cantidad el 15 de enero.

La siguiente entrega se registró el 14 de febrero de 2013, otra vez por 12 millones 800 mil pesos; la séptima entrega el 7 de marzo de 2014 por 6 millones 400 mil pesos; una octava el 2 de abril de ese año por 12 millones 800 mil pesos; la novena el 11 de abril por seis millones 400 mil pesos; y la décima el 21 de abril por la misma cantidad.

La onceava entrega de dinero tuvo lugar el 22 de abril por un total de 12 millones 800 mil pesos; y la siguiente fue el 26 de abril de ese mismo mes por un total de 16 millones de pesos.

Las tres últimas entregas de recursos con este modus operandi se llevaron a cabo el 14 de julio, y el 6 y 21 de agosto de 2014, todas ellas por doce millones de pesos.

La entrega y recepción física de las maletas con el dinero se habría llevado a cabo en al menos tres locaciones: unas oficinas ubicadas en contra esquina de la sede del senado de la República en Paseo de la Reforma; un departamento el número 327 de la calle Gabriel Mancera en la colonia Del Valle; y otras oficinas localizadas en el número 425 de la calle de Montes Urales, de la colonia Lomas de Chapultepec.

Esta misma dirección de Montes Urales fue utilizada por el propio Videgaray para el trámite de propiedad intelectual de su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), según el expediente folio 0046125.

Una de las entregas de dinero, la correspondiente al 6 de agosto de 2014, es la que fue videograbada por las personas enviadas por Lozoya y que ahora forma parte de las pruebas en el proceso.

De acuerdo con el juez, Marco Antonio Fuerte Tapia, este cúmulo de datos son suficientes para corroborar de manera inicial que Peña, Videgaray, Lavalle y el resto de los implicados conformaron una asociación criminal que utilizó recursos de origen ilícito para el pago de sobornos.