Este miércoles, el Senado argentino decidirá sobre la propuesta para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Desde esta mañana, los 72 senadores están reunidos para votar la iniciativa, misma que fue aprobada en junio por la Cámara de Diputados, mientras que en las calles hay una gran movilización tanto de quienes luchan a favor del aborto legal, seguro y gratuito, como de quienes piden que se mantenga como un delito penado con la cárcel.
Actualmente en ese país el aborto sólo está permitido en casos de violación o donde existe riesgo a la salud de la mujer y, de aprobarse hoy la iniciativa, Argentina se uniría a Cuba, Uruguay y la Ciudad de México, donde la práctica del aborto ya es legal, de la misma manera que lo es en casi todos los países desarrollados.
El proyecto legislativo que recibió media sanción en la Cámara baja en junio pasado busca otorgar a todas las mujeres el derecho a elegir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación.
También plantea que el aborto pueda ser realizado en cualquier hospital o clínica, y obliga a los servidores de la salud públicos y privados a cubrir el gasto, tanto del procedimiento como de los medicamentos y las terapias de apoyo que sean necesarias.
Éste es, de hecho, el tema más polémico que gira en torno a la legislación, ya que los defensores del aborto legal manifiestan que debería ser gratuito ya que se trata de un problema de salud pública, y exponen como ejemplo las casi 66 mil hospitalizaciones de mujeres que ocurren cada año, como consecuencia de abortos practicados de manera inadecuada.
Por su parte, quienes se oponen alegan que no es un problema de salud pública pues las estadísticas reflejan que actualmente mueren cerca de 40 mujeres cada año a consecuencia de los abortos clandestinos, lo que significa una cifra mucho menor que otras problemáticas de salud femeninas que no son cubiertas por el Estado.
Incluso hay quienes, a pesar de estar a favor del derecho a las mujeres a elegir, opinan que el sistema de salud público no podría afrontar el gasto de los cerca de medio millón de abortos que, según estimaciones, son llevados a cabo cada año en Argentina.
Otra de las cuestiones más controvertidas en torno a este proyecto de ley es la objeción de conciencia, ya que la norma permite que los profesionales de la salud queden eximidos de la obligación de practicar abortos si manifiestan previamente su objeción por escrito, siempre y cuando no se trate de una mujer gestante que “requiera atención médica inmediata e impostergable”, caso en el que la objeción no sería posible.
Además, tampoco permite que un hospital o clínica se niegue a realizar la práctica, incluso si se trata de un establecimiento confesional.
Esto hizo que varios centros de salud católicos denunciaran que sus directivos podrían ser encarcelados o que los sanatorios podrían ser cerrados si se aprueba la ley y ellos no aceptan realizar abortos.
La contraparte de esta situación explica que, si se permite que todo un establecimiento sanitario se rehuse a realizar abortos, las mujeres que habitan en zonas con pocos centros de salud podrían no tener garantizado su acceso a la práctica dentro del periodo que establecería la ley.
También hacen énfasis en cómo el alto número de objetores de conciencia es uno de los principales motivos por los cuales muchas niñas y mujeres que fueron víctimas de abuso sexual, no tienen hoy acceso a un aborto seguro, aunque así lo establezca la justicia.
¿Cómo surgió el movimiento?
Ésta no es la primera vez que una propuesta similar es llevada ante el Congreso para su discusión, sino la séptima, pues las veces anteriores fue rechazada. No obstante, en esta ocasión ha recibido un mayor impulso gracias al movimiento Ni Una Menos, que desde el 2015 ha buscado generar conciencia en todo el continente sobre la violencia de género.
Este movimiento llevó una agenda feminista a la Argentina, y ocasionó que los activistas se centraran en proveer protecciones legales para las mujeres.
Así, poco a poco las manifestaciones respecto al tema fueron volviéndose más grandes e intensas, como cuando en junio pasado se organizó una movilización masiva afuera del Congreso, al mismo tiempo que el proyecto era debatido y votado a favor en la Cámara de Diputados.
