Mientras el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, inauguraba la mañana de este viernes en el municipio de Lagos de Moreno, un rastro TIF, los cuerpos de las personas asesinadas seguían acumulándose al interior de un contenedor con cadáveres y no en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, denunció ayer por la tarde que el Gobierno de Jalisco instaló —sin su consentimiento— en la Colonia La Duraznera, un contenedor con cadáveres al interior de una bodega irregular.
En una entrevista con los conductores de la emisora de radio Líder Informativo, Patricia Romo Sahagún y Jaime Barrera, señaló que el hallazgo ocurrió porque un inspector de la Dirección de Obras Públicas del municipio se enteró accidentalmente y dio parte de ello, pero las autoridades estatales lo tenían oculto.
“Si le dicen al inspector que hay ahí un contenedor con cadáveres, ¿qué hace el inspector? Le llama a Seguridad Pública, y nosotros como Seguridad Pública vamos al lugar y nos dicen que son gobierno del Estado…Obviamente es un tema delicado y por eso, usando sus micrófonos, hacemos un llamado al gobernador para que solucione de inmediato esta problemática”, explicó la presidenta municipal a sus entrevistadores.
El gobernador de Jalisco supervisa las nuevas instalaciones de un rastro en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial
La alcaldesa confirmó que el contenedor pertenece al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que, debido a la saturación de cadáveres ha tenido que depositarlos en contenedores.
“Estamos pidiendo de manera inmediata sea retirado del predio ubicado en la colonia La Duraznera, el resguardo de cadáveres que se hizo referencia al Secretario General de Gobierno”, dijo la munícipe.
Según María Elena Limón, el sitio en el que están depositados los cadáveres no cuenta con permisos de construcción y tampoco tiene autorización de uso de suelo para el resguardo de cadáveres. Aseveró además que el Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara y el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, sabían de la existencia del contenedor de cadáveres, pero no se lo hicieron saber.
“Yo hablé con el secretario y me dice: es yo no sabía, es que apenas ayer me informaron; no, no son paletas…Después recibo otra llamada porque yo de inmediato me dirijo al Instituto de Ciencias Forenses y muy amablemente el director me dice, es que estamos rebasados”.
El gobernador de Jalisco supervisa las nuevas instalaciones de un rastro en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Especial
Este descubrimiento, se suma a las protestas de vecinos de Vistas de Tonallan en el municipio de Tonalá, quienes se han opuesto a la construcción de un panteón forense que colindaría con el fraccionamiento.
Los vecinos se quejan de que la edificación aún no cuenta con permisos de construcción y que además provocaría una contaminación en la zona en detrimento del valor de sus viviendas. La desaparición de personas ha sido el principal reclamo hacia el gobernador de Jalisco. De acuerdo a estimaciones que han hecho algunos colectivos ciudadanos como Por Amor a Ellxs, y Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ), durante este sexenio han desaparecido más de 3 mil 700 personas, convirtiéndose en la tercera entidad del país —sólo después del Estado de México y Tamaulipas— sin que exista una solución del problema.
El gobernador se comprometió el 30 de agosto a que en un plazo de quince días presentaría un estudio sobre las causas de las desapariciones y un registro del número de personas extraviadas, por lo que este sábado vence el plazo que el propio mandatario se estableció para entregar resultados.
A eso se suma que el pasado 11 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, declaró desierta la convocatoria para nombrar a la titular del Protocolo Alba, el sistema de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas, porque según la dependencia, ninguna de las aspirantes cumplió con los requisitos mínimos para ocupar la coordinación.
Felipe Báez
14 septiembre, 2018 at 8:28 pm
Ningún nivel de Gobierno quiere hacer su trabajo, hacer un censo de cadáveres, posibles causas de fallecimiento, identificación, mantenimiento, son irresponsables desde el Ejecutivo Federal que solo sabe decir sus monólogos ante el poder mediático.