La Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Ricardo Anaya Cortés de haber recibido sobornos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a partir de tres declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de los dichos de cinco testigos aportados por él, así como la copia del diario de los debates de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó la reforma energética.
Se trata de los mismos testigos y las mismas pruebas que en abril pasado imputaron en la trama delictiva al exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, quien desde entonces está preso tras haberse presentado voluntariamente a la audiencia.
El mismo juez del Reclusorio Norte que encarceló a Lavalle Maury es quien ahora ha citado a Anaya a comparecer.
De no presentarse a la próxima audiencia en territorio nacional, la FGR podría solicitar una orden de aprehensión y una ficha roja a la Interpol contra Anaya, lo que lo convertiría en un prófugo de la justicia.
Las pruebas contra Anaya y los otros implicados en este esquema delictivo fueron presentadas por los fiscales de la FGR en una audiencia privada realizada en abril ante el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, a la que Animal Político tuvo acceso.
El señalamiento inicial contra Anaya lo planteó Emilio Lozoya en su denuncia presentada en agosto de 2020, misma que amplió posteriormente en dos declaraciones más que habrían tenido lugar en septiembre y octubre de ese mismo año.
En sus declaraciones, Lozoya explica que entre abril de 2013 y agosto de 2014 se formó una organización delictiva a través de la cual se dispersaron 97 millones 190 mil pesos, provenientes de la constructora Odebrecht, entre legisladores del PAN y el PRI.
Lo anterior se habría hecho mediante entregas en efectivo y en billetes de denominación de 500 y 200 pesos.
Lozoya indicó que a Anaya, por instrucción de Luis Videgaray, se le habrían entregado 6 millones 800 mil en 2014.
El objetivo, presuntamente, era que Anaya, quien presidía la mesa directiva de la Cámara de Diputados, influyera tanto en su bancada como en el Congreso en general para acelerar la aprobación de la reforma energética.
Los recursos, según dijo Lozoya, se habrían entregado mediante un intermediario de nombre Osiris Hernández, quien recibió un maletín con el dinero en uno de los estacionamientos de Palacio Legislativo de San Lázaro.
Ricardo Anaya y Osiris Hernández
Animal Político dio a conocer que verificó que Osiris Hernández en efecto era una persona cercana al excandidato presidencial del PAN y se desempeñó como secretario particular de acuerdo con la página web del Poder Legislativo.
En la carpeta que se presentó ante el juez, la FGR agregó la declaración recabada en agosto pasado, a un primer testigo llamado Miguel Pérez Esquivel, quien trabajaba como chofer del Lozoya y de su padre, el empresario Emilio Lozoya Thalmann.
Según los fiscales, Pérez Esquivel corroboró que participó en las operaciones de “entrega de dinero en efectivo a funcionarios del Partido Acción Nacional y a legisladores del Partido Acción Nacional”, entre quienes estaba Ricardo Anaya.
La entrega de recursos se hacía siempre entre intermediarios, entre ellos José Velasco Herrera, Rafael Jesús Caraveo Opengo -otro testigo colaborador- y una mujer de nombre “Fabiola”.
También aparece Froylan Gracia Galicia, ex directivo de Pemex, como testigo presentado por la Fiscalía para judicializar el caso contra Anaya.
Emilio Lozoya y Froylan Gracia
En una declaración de septiembre del año pasado, Froylan indicó que en su oficina de Pemex recibió a varios legisladores panistas quienes, a cambio de su apoyo a la reforma, buscaban “cobrar diversos favores”.
Sobre Anaya, Gracia Galicia dijo que éste presionó para que se concedieran contratos a empresarios cercanos a él. El intermediario en dichas peticiones fue otro panista llamado Felipe de Jesús Cantú.
Gracia Galicia añadió que Lozoya le autorizó cumplir con las peticiones de Anaya, pues era importante para que transitara la reforma energética.
Por su parte, un tercer testigo llamado Norberto Gallardo Vargas, exintegrante del Estado Mayor Presidencial y quien laboró como escolta de Lozoya, dio un testimonio en agosto de 2020, corroborando que se implementó una operación para entregar dinero a legisladores panistas, entre los que aparecía Anaya
Además, la FGR recabó los testimonios de dos excolaboradores de Lozoya en Pemex: Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo, quienes en declaraciones confirmaron que se implementó una estrategia de sobornos a legisladores por órdenes de Videgaray.
No obstante, posteriormente los testigos se retractaron y se negaron a ratificar sus dichos. Sin embargo, el juez Fuerte Tapia consideró que eran datos de prueba válidos para sostener inicialmente que existió la presunta asociación delictiva de la que Anaya sería parte.
Pruebas desde la Cámara
Para probar la participación de Anaya en este entramado delictivo, la FGR también presentó ante el juez algunos documentos legislativos para acreditar su inscripción como diputado federal, así como la designación como presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja.
Entre los documentos, el juez mencionó una copia certificada del diario de los debates de la sesión del 11 de septiembre de 2013 en la Cámara de Diputados en la que fueron aprobados los cambios constitucionales en materia de reforma energética con 350 votos a favor y 134 en contra.
Según los fiscales, en dicha sesión Anaya votó a favor de dichos cambios legislativos y a su vez lo hizo desde su posición al frente de la mesa directiva de San Lázaro.
“Ricardo Anaya Cortés cuando era diputado federal, posterior a emitir su voto a favor como presidente en la Cámara de Diputados refirió aprobado en lo general por mayoría calificada el proyecto…”, mencionaron los fiscales.
La UIF también investiga
Autoridades federales confirmaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda también investiga a Anaya Cortés y su entorno financiero, sin que hasta la fecha se hayan dado a conocer públicamente los resultados.
La intervención de la UIF comenzó a partir de la denuncia de Lozoya contra más de 70 políticos, exfuncionarios y particulares, entre los que figuraba Ricardo Anaya, ante la presunción de que hubo operaciones de lavado de dinero a través de la entrega de sobornos.
No obstante, la UIF comprobó que sí hubo más de 3 mil millones de pesos canalizados por Odebrecht a una red de empresas fantasma en México, las cuales a su vez lo triangularon en el sistema bancario para que finalmente fuera retirado en efectivo.
También se analiza la posibilidad de que los recursos se hayan usado para hechos de corrupción política.
Por este caso, la UIF ya presentó dos denuncias formales ante la FGR.
arturo urías rodríguez
30 agosto, 2021 at 7:54 pm
Gracias por subir tan importante información , esperemos que todos los cabos estén bien atados
Sergii
30 agosto, 2021 at 8:01 pm
Buena información gracias polemon
CARLOS MARIO CONTRERAS
2 septiembre, 2021 at 7:28 am
La Reforma Energética, se dice que fue elaborada desde el Departamento De Estado de USA BAJO LA DIRECCIÓN DE HILARY CLINTON y entregada a PEÑA NIETO, todos los que la echaron a andar debían ir a prisión por TRAICION A LA PATRIA, y esto incluye a los miembros del congreso que la APROBARON.