La Corte de Arizona, Estados Unidos, confirmó la responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa. La Deutsche Welle publica el relato de la periodista Anabel Hernández, quien participó en el juicio como ‘testigo experto’, una categoría judicial existente en la ley norteamericana.
“Lo que ni el actual gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la Juez Molly S. Frazer: solo instituciones del gobierno federal mexicano tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad”, señala la periodista en la publicación.
Ulises Bernabé García, es el principal testigo del caso Ayotzinapa que desbarata la ‘verdad histórica’ que construyó el Gobierno de Enrique Peña Nieto para negar la participación del Ejército Mexicano.
“Todo ocurrió en el marco de un juicio de asilo político solicitado por un mexicano llamado Ulises Bernabé García, quien la noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes era un simple juez de barandilla temporal, que multaba las personas que bebían en la vía pública o manejaban en estado de ebriedad, o hacían escándalos en la vía pública. De un simple juez de paz, como también se conoce a estos servidores públicos, Bernabé García pasó a ser un testigo clave de los hechos que ocurrieron y que no ocurrieron esa noche”, precisa Hernández.
Madre de normalista de Ayotzinapa desaparecido. Foto: Daniel Cima/CIDH
Y continúa: “La conversación con él, como cuando hago este tipo de investigaciones, comenzó de manera casual. Él estaba libre, no tenía ningún problema legal, y el cargo que había tenido de juez de barandilla había sido accidental ya que era sustituto del titular que había pedido permiso de ausentarse durante tres meses. Le pregunté cómo había sido toda esa jornada del 26 de septiembre de 2014. Su memoria aún estaba muy fresca. Me dijo incluso hasta a qué hora se levantó, a qué hora se presentó a trabajar esa mañana en la base de la policía municipal de Iguala. A que hora fue a comer el lunch, a qué hora regresó, y cuantas personas habían sido arrestadas durante ese día y llevadas a la base de la policía municipal. Dijo que seis. Me mostró ahí mismo las boletas de multas que había puesto y cómo a los hombres arrestados no habían tenido dinero para pagar los habían metido en las celdas de la base”.
Según la versión de la PGR, dice la periodista, esa noche, “mientras el juez de barandilla ponía multas a personas que bebían u orinaban en la vía pública, los 43 habían sido llevados a la base de la policía municipal y de ahí habrían sido llevados en camionetas de la policía a un paraje donde habrían sido entregados a un grupo criminal que los habría asesinado y quemado. Todo por órdenes que supuestamente había dado el presidente municipal José Luis Abarca”.
Murillo Karam, el inventor de la verdad histórica. Foto: Especial.
Sin embargo, “Bernabé García fue el primer testigo en decir que el Ejército estuvo en las calles a la hora de los ataques. Era mentira que no habían tenido conocimiento de los hechos como decía el gobierno. ¿Por qué mentir si no había nada que esconder?, pensé. Ese fue el origen de mi investigación sobre la presencia y participación del Ejército. El juez de barandilla no mintió, un año después el propio Capitán del 27 Batallón, luego de mentir varias veces en sus declaraciones ministeriales, reconoció la versión de Bernabé García”.
Bernabé García había huido hacia los Estados Unidos, temiendo por su vida, pues sabía que era buscado por el Ejército Mexicano, y cruzó la frontera sin documentos. Al respecto, Anabel Hernández señala que “La Juez pudo haber solo dado un resolutivo sobre Bernabé García, pero el 7 de enero de 2020 dio un paso más allá: no solo decidió conceder el asilo político del juez de barandilla, sino también emitió un fallo histórico que sienta el primer antecedente de una Corte americana sobre una violación grave a derechos humanos en México”.
“La Corte está de acuerdo con la conclusión del testigo experto, la Señora Hernández, de que la verdad histórica oficial, creada por el gobierno de México ha sido refutada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno de México y que piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México con el fin de sustentar la falsa verdad histórica”, afirma la sentencia de la Corte de Arizona.
