Flanqueado por los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, el Presidente Enrique Peña Nieto advirtió que el país estará en deuda con las Fuerzas Armadas si no se aplica la Ley de Seguridad Interior.
El todavía Presidente de México en funciones, se mostró confiado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determine que la polémica ley puede entrar en funciones tras asegurar su constitucionalidad.
“La revisión que lleva a cabo la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior, que se promulgó en diciembre pasado, permitirá asegurar su constitucionalidad (…) Estoy convencido de que estaremos en deuda con nuestras Fuerzas Armadas mientras en nuestro País no se aplique la Ley de Seguridad Interior”.
Enrique Peña Nieto con los titulares de la Sedena y la Marina. Foto: Especial
Durante una entrega de reconocimientos a militares y marinos, Peña Nieto justificó que todas las decisiones que tomó durante su sexenio en materia de seguridad, pues según él fueron realizadas con la intención de “recuperar la libertad y la tranquilidad en México”.
“Durante esta Administración, el Gobierno de la República actuó con el firme propósito de recuperar la libertad y la tranquilidad que anhelan todas las familias mexicanas. Alcanzar este propósito sería impensable sin la decidida participación del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México”.
Al final, en un mensaje casi de despedida, el mandatario le pidió a los integrantes de las Fuerzas Armadas continuar “honrando su uniforme y atender las nuevas órdenes”.
“Soldados, pilotos y marinos de México, en unos días más comenzará una nueva etapa de la vida nacional, tengo la certeza de que hacia delante seguirán afrontando con decisión las misiones que les sean encomendadas”, demandó Peña Nieto.
Enrique Peña Nieto con los titulares de la Sedena y la Marina. Foto: Especial
En noviembre de 2017, con la complicidad del PAN, el PRI aprobó la Ley de Seguridad Interior, pese al rechazo de la mayor parte organizaciones ciudadanas, académicos y algunos partidos de la oposición, quienes consideran que dar más poder a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública sólo traerá como consecuencia un aumento de la violencia, la impunidad y las graves violaciones a los derechos humanos.
Luego de su aprobación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En diciembre de 2017, Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior pero advirtió que haría uso de la ley hasta que la Corte emitiera el veredicto sobre su legalidad.
Ejército mexicano. Foto: Especial
Los peligros de la Ley de Seguridad Interior
La Ley de Seguridad Interior permite al Presidente de la República dar la orden para que discrecionalmente el Ejército actúe en un territorio y tiempo determinado. Además, le otorga a las fuerzas armadas la posibilidad de participar en el combate al crimen organizado cuando las autoridades civiles no puedan contener el problema por sí mismas.
Igualmente, la ley prevé en su artículo 16 que ante una emergencia, el Presidente puede ordenar la “reacción inmediata” del Ejército en “aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”.
Especialmente, establece en su artículo 7 que los derechos podrán ser suspendidos “en los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución política de México.
Fraude, voto, injusticia, corrupción… palabras comunes convertidas en la decepción del pueblo. Foto: Olga Cadena/Flickr
Y aunque deja en claro que las manifestaciones de protesta social no deben ser consideradas como amenazas a la seguridad interior, su redacción deja abierta la oportunidad de que éstas puedan ser reprimidas por el Ejército en caso de que las autoridades no las consideren pacíficas.
“Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior” es lo que se lee en el artículo 8 de la ley.
Enrique Peña Nieto en la inauguración de un cuartel militar en Coahuila. Foto: Especial
Antes de la votación legislativa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió de los “potenciales riesgos” de la iniciativa e indicó que en caso de aprobarse sólo se fortalecería el uso discrecional del Ejército.
“(La ley) contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.
