El Fobaproa, la deuda maldita que el PRIAN dejó a los mexicanos

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue creado en 1990, originalmente como un esquema diseñado para funcionar como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores.

No obstante, tras el “error de diciembre” de 1994, el gobierno del entonces presidente, Ernesto Zedillo, tuvo que utilizarlo para devolverle la solvencia a los bancos y, así, proteger el ahorro de los clientes, cuando diversas instituciones financieras se declararon en quiebra.

Cuando el rescate fue implementado, salió a la luz que algunos de los bancos que se beneficiarían por el Fobaproa estaban involucrados en casos de fraude, evasión fiscal y malas prácticas bancarias por parte de algunos empresarios.

Algunos de estos casos fueron los de Carlos Caban Peniche, propietario de Banca Crema y Banco Unión -actual inversionista de Interjet-; así como el fallecido Jorge Lankenau, dueño de Banca Confía y Ángel Rodríguez “El Divino”, propietario de BanPaís.

Durante la crisis de 1994 fue tanta la insolvencia de los bancos que el Fobaproa terminó absorbiendo su cartera vencida en los siguientes años, hasta alcanzar una deuda de 552 mil 300 millones de pesos, es decir el 11% de toda la economía mexicana de ese entonces.

Por ese motivo, tuvo que ser convertida en deuda pública en 1999, misma que a la fecha sigue pagando la ciudadanía con sus impuestos.

Convertida a pesos actuales y ajustada a la inflación, esto equivale a 1.8 billones de pesos, el 10% de la economía actual, el Producto Interno Bruto (PIB) que superó los 18 billones de pesos el año pasado.

Actualmente restan por pagar 890 mil 356 millones de pesos, poco más del 4% del PIB.

El pago anual de esta deuda, realizado con los impuestos de las y los mexicanos fue de 43 mil millones de pesos en 2020, según reveló el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), quien heredó la deuda del Fobaproa en 1999.

Con esa suma se podría pagar el presupuesto de una dependencia federal como la Secretaría de Hacienda, por un año. Los bancos aportan a esa deuda casi 18 mil millones adicionales, es decir tres cuartas partes de sus cuotas destinadas al seguro de protección al ahorro del IPAB.

¿Cómo se originó el error de diciembre de 1994?

Todo comenzó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, con un proceso de apertura y liberalización que se basaba en la atracción del capital extranjero, para estabilizar y hacer crecer a la economía que estaba estancada desde los 80.

Sin embargo, casi tres cuartas partes de la inversión que llegó a México se fue a bonos del gobierno y al mercado accionario, por lo que no significó realmente un impacto en la economía que beneficiara a la mayor parte de la población.

Así, la dependencia de este capital extranjero, que en ese entonces era conocido como “golondrino”, puso en riesgo a la economía mexicana.

Si no había confianza de los inversionistas en la estabilidad económica y política del país, podían “volar” con estos recursos hacia otro mercado que ofreciera mejores condiciones, lo que devaluaba la posición del peso con respecto al dólar.

Además hace 30 años, México contaba con un tipo de cambio basado en una banda cambiaria, es decir que el Banco de México (Banxico) determinaba el valor del peso con respecto al dólar dentro de un rango llamado “banda de flotación”.

Ese tipo de cambio era respaldado por las reservas internacionales, el flujo del capital extranjero, entre otras cosas.

Ante una fuga de esos recursos, Banxico podía corregir y devaluar el tipo de cambio, así como subir la tasa de interés para ofrecer más rendimientos e incentivar a los inversionistas a permanecer en el mercado mexicano.

Pero ese aumento tendría el efecto no deseado de incrementar el costo del crédito para personas y empresas debido a la fragilidad de la banca de aquel entonces.

Dicha fragilidad se origina en el proceso de apertura y liberalización económica comenzada con Salinas, el cual requirió la venta de empresas públicas, entre las que se encontraban los bancos.

Entre 1991 y 1992 la banca fue privatizada pero, al no existir una supervisión adecuada, las instituciones financieras dieron créditos de forma excesiva, inundando el mercado con financiamientos que no estaban sustentados en la capacidad de pago de sus clientes, explicaron Fausto Hernández y Marcos Avalos en un reporte elaborado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La banca trabajaba bajo el supuesto de que, en caso de insolvencia, el ahorro de sus clientes estaría protegido con el Fobaproa.

“Este seguro, que respalda la solvencia de los bancos, generó la percepción de que el gobierno mexicano no permitiría que las instituciones bancarias se declararan en bancarrota, lo que también condujo a los banqueros a tomar riesgos exagerados”, explicaron.

Así, un aumento súbito en la tasa de interés elevaría el costo del crédito a una cartera de clientes con un alto riesgo de no poder pagar sus deudas, lo que ponía a los bancos en una situación de extrema vulnerabilidad.

Inestabilidad política y levantamientos

Con todo y los riesgos, la economía en México creció en los primeros años de Carlos Salinas como presidente, con un gobierno que prometía aún mayor apertura y bonanza económica con el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.

No obstante, el primer día de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) comenzó a tomar poblados en Chiapas; luego, en marzo, el candidato priísta a la presidencia, Luis Donaldo Colosio fue asesinado y, en septiembre, el líder del PRI, José Francisco Ruiz Massieu.

Ante la inestabilidad política y la debilidad bancaria, los inversionistas comenzaron a retirar su capital, devaluando el valor real del peso. Aún así, el gobierno no corrigió el tipo de cambio y lo mantuvo sobrevalorado en la banda de flotación.

Salinas y su gobierno ignoraron las advertencias de los expertos, argumentando que era impensable devaluar la moneda en un año electoral, romper con las expectativas económicas y poner en riesgo la permanencia del PRI en el poder.

“El tipo de cambio representaba un ‘ancla’ para el modelo económico. Al cambiarlo, el modelo se ponía en riesgo, ya que difícilmente se mantendría el crecimiento de 3% necesario para su funcionamiento”, agregaron.

Indicaron que Salinas tampoco pondría en juego su orgullo y su inminente candidatura para la recién creada Organización Mundial de Comercio (OMC).

Luego, para lograr que continuara el flujo de capital extranjero, el gobierno aumentó la colocación de un instrumento financiero llamado “tesobono”, que garantizaba a los inversionistas extranjeros un rendimiento ligado a la paridad con el dólar.

Muchos inversionistas cambiaron bonos que pagaban rendimientos en pesos a tesobonos, pues ofrecían una ganancia ligada al dólar, pero cuando el peso siguió en picada, la deuda de los tesobonos se hizo impagable para el gobierno mexicano.

La deuda pública de los tesobonos aumentó más de 10 mil% entre marzo de 1992 y diciembre de 1994, por lo que, en diciembre de ese año, Banxico se vio obligado a devaluar la moneda por última ocasión y subió su tasa de interés para contener la fuga masiva de capital.

El 21 de diciembre de ese año, Ernesto Zedillo tomó la decisión de que el tipo de cambio ya no se definirá por una banda, sino libremente por la oferta y la demanda internacional.

El peso se devaluó, detonando una crisis económica en enero de 1995 y fue necesario que México pidiera un paquete de rescate económico internacional con apoyo de Estados Unidos.

La crisis y el hundimiento de empresas y personas

Con el aumento súbito de la tasa de interés para detener la devaluación del peso, llegó un fatal golpe para las personas, las empresas y los bancos.

Cuando estalló la burbuja de los créditos bancarios se destaparon las malas prácticas bancarias y el desvío de recursos de algunos empresarios dueños de los bancos.

Se dio a conocer, por ejemplo, que Caban Peniche desvió en los 90 cerca de 700 millones de pesos de ese entonces, desde Banca Crema y Banco Unión a compañías de su propiedad, por lo que fue detenido en Australia en 1998.

En 2019 reveló para Telereportaje de Emmanuel Sibilla que participó en la creación de fideicomisos para entregar recursos a las campañas presidenciables de Colosio y Zedillo, así como del exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.

También Ángel Rodríguez “El Divino” emitió autopréstamos al ser el presidente del Banpaís, los cuales ascendieron a 800 millones de dólares de la época, indicó El País, en 1998. Fue detenido en ese año en Palma de Mallorca, España mientras navegaba en yate.

Por su parte, Jorge Lankenau, director general de Banca Confía fue acusado de fraude y evasión fiscal, por realizar desvíos a paraísos fiscales.

Usó ese banco para hacer préstamos a una empresa extranjera, defraudando a 230 inversionistas por 170 millones de pesos, según la revista Proceso, en una nota sobre su fallecimiento en junio de 2012. Lankenau estuvo preso en México de 1997 a 2005 por esos delitos.

Banca Cremi y Banco Unicón fueron las primeras instituciones en ser intervenidas en 1994 por el Fobaproa “a consecuencia de los malos manejos de sus administradores”, según el Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Deudas imposibles de liquidar

Los empresarios no podían operar sin un crédito, pero con la devaluación del peso importar insumos del exterior era más caro, además la alta tasa de interés las empresas y las personas no podían pagar sus deudas, perdieron su acceso al financiamiento y paralizaron sus actividades.

Pequeños y medianos empresarios no tuvieron más remedio que hipotecar sus propiedades para saldar sus deudas y así salvar su negocio, pagar la liquidación de empleados, enfrentar demandas laborales y de proveedor.

“Hubo personas que se suicidaron”, indicó a Business Insider México la exempresaria Zoila V., quien, desde 1994, dejó de confiar en las instituciones de crédito.

“La verdad, tenía miedo de pedir prestado o que una empresa me dijera ‘te doy crédito’. Es más, cuando voy caminando y me ofrecen una tarjeta de crédito me alejo lo más rápido posible”, dijo.

Como el Fobaproa no alcanzó a cubrir la insolvencia de los primeros bancos que lo necesitaron, por lo que el gobierno emitió deuda para comprar la cartera vencida de las instituciones bancarias afectadas en 1995, extendiendo ese programa hasta 1996.

Entre 1995 y 1998, el Fobaproa intervino a 14 de 18 bancos. Sobrevivieron Bancomer, Banamex, Bital y Banorte. En 1998, el gobierno de Zedillo propuso que el Fobaproa se convirtiera en deuda pública, lo cual fue aprobado por el Congreso e instauró el IPAB que heredó la deuda bancaria.