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Mina a cielo abierto en México. Foto: Especial

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Devastación ambiental y muerte: la herencia de las mineras en México

De 290 mineras que existen en el país, 211 son de origen canadiense, y abarcan ya más de 22 millones de hectáreas que en su conjunto tienen la extensión de estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Aguascalientes y la Ciudad de México.

Cuentan con más de 25 mil 178 títulos de concesión y generan una utilidad de 200 mil millones de dólares anuales, pero nada de eso se ve reflejado en las condiciones de vida de la sociedad mexicana, que en cambio sí sufre los estragos de la explotación desbordada.

Esta es la historia que plantea el periodista J. Jesús Lemus en su nuevo libro “México a Cielo Abierto”, publicado por la editorial Grijalbo y Penguin Random House.

El periodista afirma que México sufre una nueva ocupación colonial, interesada en los mismos tesoros que atrajeron a los españoles durante la Conquista: el oro y la plata, cuyos metales han sido extraídos en cantidades inmensas; 2 mil y 64 mil toneladas respectivamente en las primeras dos décadas del siglo XXI.

Lemus escribe a propósito del tema, que casi una decena de dependencias del Gobierno Federal han autorizado la operación de las compañías canadienses, pero ninguna se responsabiliza de los estragos que están ocasionando, entre ellas: las secretarías de Economía (SE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Energía (SENER).

Pero también se involucran a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Foto: Especial.

Diversos investigadores han comprobado que la actividad minera provoca daños a la salud, entre ellos distintos tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares por la generación de partículas de polvo, problemas dermatológicos, padecimientos auditivos a causa del ruido provocado por el uso de explosivos y, por supuesto, la muerte por accidentes laborales y negligencia.

En el tema medioambiental, el uso de químicos se esparce como un veneno por suelo, aire y agua, afectando a especies de flora y fauna. Por ejemplo, la utilización del cianuro en la extracción de algunos minerales contamina el agua y puede provocar la infertilidad de tierras que antes eran cultivables.

Eso sin hablar de los impactos sociales que surgen en las zonas de extracción, pues es común el desplazamiento de comunidades enteras y la aparición de conflictos que dividen a las personas, entre quienes apoyan los proyectos y quienes los respaldan.

El río Sonora contaminado por Grupo México. Foto: Especial

De acuerdo con una entrevista que concedió al portal SinEmbargo,  el académico Eduardo Torres Alonso, quien es miembro del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la CDI en lugar de apoyar a los pueblos originarios para enfrentarse a las mineras, asesora a estas en relación con los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

“La CDI interviene cuando ya hay un conflicto porque las empresas no se acercan antes a ellos, no se comunican antes para preguntar si en tal lugar se puede operar una mina”, afirmó al portal de noticias.

Según el último registro del Sistema de Administración Minera (SIAM), tan sólo en septiembre de 2017 el Gobierno Federal entregó 84 permisos, pero lo inaudito del asunto, es que las concesiones son otorgadas hasta por cien años.

La CONAGUA por su parte, emite los títulos de asignación del vital líquido, que es necesario y se utiliza de forma abundante en la actividad minera. Sin embargo, para investigadores como Torres Alonso, es preocupante lo que ocurre en la zona norte del país, debido a que sólo existe un 30 por ciento de disponibilidad de agua, y está disminuyendo de forma acelerada porque se privilegian los proyectos mineros.

Botas y cascos de mineros en Pasta de Conchos. Foto: Especial.

Más letal que el tráfico de narcóticos

En el primer capítulo de su libro, Lemus señala que la extracción de minerales es incluso más perversa que el tráfico ilegal de narcóticos, porque el poder de las compañías alcanza a secretarios y jefes de Estado.

“Resulta más perversa la minería que el tráfico ilegal de narcóticos, porque el poder de visión del narcotráfico alcanza para buscar el control de las fuerzas policiales del entorno local; el de los dueños de las mineras va más allá: ha alcanzado legalmente a secretarios de Estado y gobernadores, incluidos algunos jefes del Ejecutivo federal”, señala.

Lemus advierte en su libro una situación aterradora que ya ha sido denunciada por distintos medios: la alianza entre las empresas trasnacionales y grupos delictivos que se han convertido en el “brazo ejecutor de la política oscura de protección a los intereses mineros”.

“En la mayoría de los casos, principalmente en los estados del norte y centro del país, las mineras han pactado alianzas con los cárteles de Sinaloa, Juárez, los Beltrán Leyva, la Línea, Los Zetas y del Golfo, para neutralizar a los opositores a sus proyectos económicos mediante la persecución, el hostigamiento y la ejecución de grupos indígenas”, detalla.

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México. Foto: Tercero Díaz/Cuartoscuro

El de Calderón Hinojosa, resalta el periodista, fue un gobierno sumiso que se doblegó a los intereses de las mineras, pues fue el más firme impulsor de la entrega de concesiones, principalmente de origen estadunidense y canadiense, con más de 17 mil 670 concesiones para la explotación del subsuelo en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el periodista, al cierre de 2017 el número de conflictos suscitados en torno a las minas ya llegaba a mil 488, de los que 72% obedecía a despojo del suelo, 11% era por la disputa del agua, 7% fue ocasionado por contaminación, 6% por presencia de grupos armados, 2% por pago de regalías, 1% por deforestación y el otro 1% por conflictos laborales.

Jesús Lemus es autor de varios libros, entre ellos: Los Malditos, Crónica Negra Desde Puente Grande, en el que pudo documentar varios relatos de los encuentros que sostuvo con criminales de alta peligrosidad como Rafael Caro Quintero, —ahora prófugo— uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara; Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, también narcotraficante; Daniel Arizmendi “El Mocha Orejas”, un secuestrador famoso por mandar las orejas de sus víctimas a sus familiares; Álvaro de León “El Duby”, integrante de una banda llamada “los narco satánicos”; Carlos Rosales, el fundador de La Familia Michoacana y Noé Hernández “El Gato, preso por violar y asesinar a dos niñas.

El periodista Jesús Lemus. Foto: Especial

El periodista estuvo recluido en ese penal de máxima seguridad durante tres años, cuando en el 2008 fue falsamente acusado y preso por ser presuntamente uno de los jefes del Cártel de la Familia Michoacana

Lemus había publicado información en la que relataba presuntas relaciones de gente cercana al ex presidente Felipe Calderón con el Cártel de la Familia Michoacana.

El periodista pasó en la cárcel 1,100 días y su estancia ahí la registró en sus libros Los Malditos, publicado en 2013, y Los Malditos 2, publicado en 2016. Sin embargo, el escritor ha contado que para él la vida no ha vuelto a ser igual, pues vive bajo amenazas constantes, no tiene residencia fija y siempre actúa bajo un protocolo de seguridad que le impide estar con su familia.

Jorge Covarrubias
Escrito por

Reportero. Estudió sociología. Aún cree que la función del periodismo es eminentemente social y no un simple intercambio de mensajes entre la clase política.

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