Para la administración y mantenimiento de un reclusorio federal en Oaxaca, el Grupo de Ingenieros y Arquitectos Asociados (GIA) -liderado por Hipólito Gerardo Rivero, el cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari- mantiene un contrato a largo plazo con el gobierno federal por el que recibe más de mil millones de pesos al año.

Dicha cantidad es igual al doble del gasto que destinó en todo 2020 la Presidencia de la República, que fue de 525.1 millones de pesos.

Según información revelada por la calificadora de valores HR Ratings, entre 2020 y 2024, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que destinar un monto acumulado, según las proyecciones, de al menos 9 mil 293.6 millones.

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Gerard Rivero es cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el GIA es uno de los que han recibido concesiones en los últimos años para construir y administrar las prisiones federales.

En marzo de 2011, durante el Gobierno de Felipe Calderón, la división de infraestructura del Grupo y el Gobierno federal, mediante la Secretaría de Gobernación, firmaron el contrato de prestación de servicios para diseñar, financiar, construir, equipar y operar durante 22 años un Centro Federal de Readaptación Social en Miahuatlán, Oaxaca.

Dicho centro es uno de los contratos que el gobierno federal otorgó como parte del primer paquete de servicios y fue el tercero en iniciar operaciones, el 8 de mayo de 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Según un informe sobre los certificados bursátiles fiduciarios con claves DOIXCB15 y DOIXCV15U, emitidos por GIA para financiar parte de la construcción del proyecto de infraestructura social en Oaxaca, el Gobierno federal debe pagar a la constructora privada mil 5 millones 550 mil pesos anuales.

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En 2015, el Grupo hizo una emisión de certificados bursátiles fiduciarios por poco más de 5 mil millones de pesos para financiar el Centro Federal de Readaptación Social, con una capacidad instalada de 2 mil 520 reos.

Como contraprestación a los servicios que otorgó el GIA, se estableció que recibiría un pago anual equivalente a 51.6 millones de pesos a precios de marzo de 2011, liquidada de manera mensual con base en los días transcurridos de cada mes y ajustado por la inflación del mes inmediato anterior.

Bajo la figura de asociación pública privada, el comportamiento de los flujos estimados que cubrirá el Gobierno de AMLO indican que los ingresos por el pago de servicios será de la siguiente manera:

  • 2020: 1,874 millones de pesos
  • 2021: 1,607 millones de pesos
  • 2022: 1,086 millones de pesos
  • 2023: 1,880 millones de pesos
  • 2024: 2,114 millones de pesos

Además, GIA también tiene otro contrato bajo el esquema de inversión público-privada de largo plazo para la prestación de servicios en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, un proyecto que ganó en 2009, bajo el calderonismo.

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Este hospital es un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud que opera bajo un esquema público-privado, al amparo del contrato de proyecto de prestación de servicios de largo plazo.