Emilio Lozoya Austin, quien fuera director de Petróleos Mexicanos con Enrique Peña Nieto, sí fue detenido en Málaga, España, confirmó el Fiscal General de la República, Alejandro Geertz Manero.

También se hizo la confirmación vía la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía.

Lozoya es investigado por la Fiscalía debido a su participación en la compra millonaria de una planta chatarra a Altos Hornos de México (AHMSA) del empresario Alonso Alonso Ancira Elizondo, quien en mayo de 2019, fue detenido también en España por agentes de Interpol.

Emilio Lozoya tiene órdenes de aprehensión por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, además de dos investigaciones en su contra de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto, la cual lo involucra en un desvío por 83 millones de pesos. 

A Lozoya Austin se le acusa desde el 2016 de haber recibido sobornos durante el 2010 y 2014 de la constructora brasileña Odebrecht, dinero que presuntamente habría usado en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto para llegar a la Presidencia en 2012.

Asimismo, Lozoya es acusado de haber comprado el astillero “Hijos de J. Barreras”, en España, el cual se encontraba en proceso de quiebra y  hoy registra pérdidas por 50 millones de euros.

Por este motivo, Emilio Lozoya Austin quien hasta hace unos días se encontraba prófugo de la justicia, fue inhabilitado para ejercer un cargo público por diez años.

Así lo determinó la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

En junio pasado, el penalista Enrique Díaz-Aranda, quien es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que Lozoya podría pasar, en caso de que se le detuviera, alrededor de 15 años en prisión por los delitos que cometió.

Emilio Lozoya Austin. Foto: Especial

Así fue como Lozoya trianguló sobornos de Odebrecht a campañas del PRI

Los señalamientos acusan a la constructora brasileña Odebrecht de haber inyectado, en 2010, cerca de un millón de dólares en las campañas políticas de dos candidatos a la gobernatura del PRI: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú.

Cuando ambos candidatos llegaron al poder, la constructora recibió varios contratos en esas entidades, Veracruz y Tamaulipas, como resultado de su aportación a la campaña.

La información anterior fue dada a conocer en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual recuperó las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht.

El portal de noticias Animal Político reveló que el Ministerio Público determinó incluir estos señalamientos para fortalecer su caso en contra de Lozoya, pues presuntamente habría sido él quien propuso a la constructora dichas aportaciones.

Oficinas de la constructora Odebrecht en Brasil. Foto: Especial.

Animal Político explica que Odebrecht cobró interés en nuestro país en 2009, tras un encuentro fugaz entre el entonces Director Duperintendente en México de la constructora, Luis Alberto Weyll y Emilio Lozoya, quien era entonces director del Foro Económico Mundial de América Latina.

Ahí, Lozoya recomendó a Weyll desarrollar la empresa en México para que “se asociara con empresarios de nivel estatal para fortalecer su presencia en el país”.

Supuestamente Lozoya le recomendó dirigirse a Tamaulipas y Veracruz, estados que en 2010 estaban bajo Gobiernos priístas y “con la posibilidad de repetir sexenio”.

La investigación da cuenta que, supuestamente habría sido Lozoya quien personalmente presentó a los directivos de Odebrecht con distintas figuras políticas en México.

Como una manera de devolverle el favor, la empresa le otorgó en 2012 más de 3 millones de dóalres a Lozoya, en un pago hecho en cinco partes, mediante cuentas fachada.

Emilio Lozoya. Foto: Especial

La FGR ha dado a conocer que las recomendaciones de Lozoya fueron alianzas con empresarios y políticos por igual.

“Cabe resaltar que en julio de 2010 habría elecciones estatales y que el entonces gobernador Fidel Herrera se encargaría de designar como su sucesor a Javier Duarte de Ochoa. Por ello la compañía Odebrecht, con la finalidad de obtener un buen posicionamiento en el futuro gobierno, aportó a la campaña de Javier Duarte de Ochoa la cantidad de 500 mil dólares americanos”, señala el informe de la Fiscalía.

Dicho pago habría sido autorizado por Luiz Antonio Mameri, ex director regional para América Latina de Odebrecht y la transferencia se habría dado mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas, como se le llamada formalmente al departamento de pago de sobornos de la compañía brasileña.

Los pagos recibieron el nombre clave de “Batman” y “Robin” dentro del sistema construido por Odebrecht para poder darles seguimiento.

“Como consecuencia de dichos pagos a mediados de 2013, el Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa a la empresa Constructora Norberto Odebrecht el Proyecto de Propósitos Múltiples en Xalapa, siendo subcontratada para dicha obra la empresa Constructora Ruso”, según revelaron los fiscales en su reporte.

Indicaron además que Odebrecth se involucró en Tamaulipas con el apoyo del empresario Jorge Eduardo Rivera Schotte, accionista de la empresa Petrochem México, y fue él quien recomendó a Odebrecht posicionarse a favor del candidato priísta y aportar a su campaña.

“Por ello Odebrecht, durante el primer semestre de 2010, efectuó un pago de 350 mil dólares americanos, siguiendo la misma mecánica que en el Estado de Veracruz, es decir, el pago fue autorizado directamente por Luiz Mameri y realizado mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa”, indicaron los fiscales.

Por su parte, en el estado de Hidalgo, Lozoya recomendó a Odebrecht hacer alianza con la empresa Construcciones Industriales Tapia, con gran presencia política en dicha entidad.

Según los fiscales, estas alianzas fomentaron que Odebrecth lograra fortalecer su posición en la búsqueda de contratos a nivel federal, como los de Pemex en torno a la refinería de Tula, en Hidalgo.

Lozoya compró astillero chatarra en España a 50 millones de euros

Como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no sólo compró plantas “chatarra” de fertilizantes, sino también un astillero en España que estaba en proceso de quiebra y que actualmente registra pérdidas por 50 millones de euros, conocido como “Hijos de J. Barreras S.A.”.

La transacción registró tantas irregularidades que la petrolera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre del año pasado, por el posible delito de administración fraudulenta.

El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza reveló que, entre abril y noviembre del 2013, a propuesta de Lozoya, el Consejo de Administración de Pemex Comercio Internacional (PMI) aprobó la compra de acciones en el astillero español en un escenario en donde estaba por iniciar un proceso de quiebra.

Octavio Oropeza, director de Pemex. Foto: Presidencia de México.

“En un momento, con un escenario donde se iba a declarar en quiebra ese astillero, estaban en problemas, fue en noviembre; en diciembre, PMI celebró un contrato de inversión, se compró el 51 por ciento de estas acciones”, precisó el funcionario.

Por si fuera poco, aclaró que Pemex no participó en la administración del astillero,  por lo que quedó en los demás accionistas, quienes no sólo tomaron las decisiones importantes, sino el control de la empresa.

Romero Oropeza señaló que para febrero de 2014, PMI contrató al astillero para la construcción de una Unidad Habitacional Flotante (flotel), con el objetivo de dar servicio al personal de Pemex Exploración y Producción (PEP) que trabaja en instalaciones costa afuera.

No obstante, reveló que el flotel, que tuvo un costo de 145 millones de euros, ni siquiera ha sido utilizado a su máxima capacidad y no se ha podido vender, ya que su avalúo arroja cantidades menores al costo de construcción.

“Bueno, pues ese flotel con Hijos de Barreras se hizo uno, se hicieron dos en general, nunca se pudieron ocupar a su máxima capacidad, actualmente los estamos ocupando en PEC, pero al 70 por ciento de su capacidad, costaron 145 millones de euros y no se pudieron vender porque cuando se hicieron los avalúos, pues estaban muy por debajo del precio al que Pemex construyó estos floteles”.

El actual responsable de la petrolera mexicana expuso que desde ese entonces y hasta agosto de 2016, el astillero no construyó ninguna otra embarcación, y en este año registró pérdidas de 5.5 millones de euros.

Mientras que de febrero de 2017 a 2018, agregó, el astillero celebró cuatro contratos de construcción de buques, uno de ellos para un crucero de lujo Ritz Carlton, en donde otorgó una garantía por la cantidad de 16 millones de euros. El 50 por ciento de la garantía estuvo a cargo de Pemex.

De acuerdo con las autoridades, en octubre de 2018, PMI recibió una notificación de opción de compra, regulada en el contrato de inversión por parte de los otros accionistas del astillero.

En el mes siguiente, abundó Octavio Romero, PMI rechazó la opción de compra, ya que no era tal, no implicaba pago alguno a Pemex, sino que al contrario, se le exigían adeudos.

“Dijimos que no y a partir de la administración del año pasado enviamos gente de Pemex a los astilleros de Barrera, tomamos el control de la administración, pudimos corroborar que hay una administración muy deficiente, con muchos problemas, con cosas no claras en la forma de operar de este astillero”, añadió.

Ante dicha situación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emprendió una indagatoria de cumplimiento financiero, como parte de la revisión de la cuenta pública 2017 y respecto al astillero determinó que Pemex no manifestó los motivos por los cuales seguía manteniendo esta inversión.

En 2019, la ASF recomendó a Pemex que realizará las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión autorizaron intervenir en el astillero, considerando los siguientes aspectos: que la inversión no correspondió a una actividad que debiera realizar Pemex, la omisión de información de su justificación y que se reportaron pérdidas.

“Insisto, Pemex nunca se preocupó en otras administraciones, no se preocuparon por enviar gente, estos hacían lo que querían y llegamos al punto de intervenir la administración de los astilleros, y hay la posibilidad de dos cosas, dado que tiene pérdidas los astilleros por el orden de 50 millones de euros, estas son las pérdidas patrimoniales que tiene la empresa, hay dos opciones: una, que se declara en quiebra el negocio; y la otra, que es la que estamos negociando en estos momentos con Ritz Charlton”.

Romero Oropeza manifestó que si se va a quiebra el astillero, los inversionistas españoles se meterían en un problema; por lo que estarían interesados en comprar por lo menos las acciones que corresponden a Pemex.

“¿Qué pide Pemex? No más, pero tampoco menos el valor de las acciones y lo que se invirtieron en las acciones y la devolución de los ocho millones de euros de las garantías de estos contratos para retirarnos del negocio, recuperar lo invertido y que el astillero ya continúe con una nueva administración”, concluyó. 

Lozoya y el desvío de 83 millones en Pemex al estilo “Estafa Maestra”

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, desvió 83 millones de pesos con fines electorales mediante el esquema de triangulación de recursos mediante una universidad, es decir, de una manera similar a la de “ La Estafa Maestra”.

“En la administración del señor Lozoya, es un caso de 83 millones, donde se utiliza nuevamente una universidad y esa universidad contrata empresas fachada (…) Es el mismo esquema que se encuentra en ‘La Estafa Maestra’, el mismo esquema que se encontró en Pemex, y que, a partir de ahí, se hacen transferencias internacionales”, dijo.

Mencionó que las empresas fachada eran constituidas y se convertían en elementos “absolutamente contrarios al interés del empresariado mexicano”, ya que competían ilegalmente contra los empresarios, al ganar contratos y, al poco tiempo, desapareciendo.

Emilio Lozoya. Foto: Especial

El funcionario explicó que en todos los casos el dinero fue trasladado a cuentas particulares y, en muchas ocasiones, sacado de México.

“Creo que este es uno de los temas centrales del combate a la corrupción: identificar las tipologías y generar mecanismos para eliminar a las empresas fachada y factureras”, indicó.

160 denuncias ante la FGR

El funcionario también reveló que en 2019, la UIF presentó 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual es un récord histórico para la unidad desde su creación.

“Los montos, y creo que esto es lo importante, en moneda nacional son más de 317 mil millones en depósitos, y en retiros, de 286 mil millones de pesos. Esto, solamente en los 160 casos que han sido analizados y presentados ante la Fiscalía General de la República, algunos de los cuales ya están judicializados, y en todos los judicializados han conseguido la vinculación a proceso”, dijo.

Además, Nieto también llamó a hacer pronto una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito para que los recursos que formen parte de cuentas congeladas puedas ser usados por el Estado.

Santiago Nieto, titular de la UIF. Foto: Especial.

Mencionó que en muchas ocasiones los particulares, principalmente en temas vinculados con el narcotráfico, no acuden a solicitar la garantía de audiencia y no acuden al juicio de amparo, por lo que el dinero permanece en los bancos, sin ser regresado al Estado.

El gran fraude de EPN y Lozoya: Desviar 2 mil mdp de Pemex al PRI

La campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia de México en el 2012, habría sido financiada con alrededor de 2 mil millones de los fondos de Petróleos Mexicanos  (Pemex), esto lo reveló José Carlos Pacheco Ledesma, un exfuncionario de la paraestatal, en una conversación grabada de forma clandestina. 

De acuerdo con el testimonio, quien se encargó de operar el desvío a la campaña fue Carlos Morales Gil. Según la grabación de la conversación que fue reproducida en El Universal, Univisión y W Radio, Pacheco explicó el esquema de sobornos y triangulaciones de los fondos de Pemex.

Emilio Lozoya Austin, —quien actualmente está prófugo de la justicia— era el director general de la paraestatal, y el coordinador de éste, Froylán Gracia Galicia, cobraba entre 50 mil y 100 mil dólares para conseguir citas con su jefe inmediato.

Pacheco afirmó que Pedro Joaquín Coldwell, el exsecretario de Energía de Peña Nieto, también recibió “su parte” de los sobornos, y planteó que altos exfuncionarios de Pemex llegaron a cobrar hasta 5 millones de dólares a cambio de otorgar un contrato, mientras que los funcionarios de menor nivel se llevaban montos menores, ya que había “que permear también”.

“Algunos (contratos) fueron cerrados desde Emilio Lozoya antes de que llegara este director; el de Seadrill lo cerró Lozoya”, dijo Pacheco.

Enrique Peña Nieto y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin

Otros integrantes del círculo de Lozoya en Pemex que se habrían beneficiado con este esquema de sobornos son Mario Beauregard Álvarez –quien fuera director corporativo de Finanzas–, Gustavo Escobar Carré y Arturo Henríquez Autrey.

También señaló que gracias a los desvíos multimillonarios para financiar la campaña de Peña Nieto, Morales conservó su empleo en la dirección general de PEP durante los primeros dos años del gobierno del priista.

De acuerdo con una investigación de Miguel Castillo Chavez y Arelí Quintero, los responsables de obtener las grabaciones de las conversaciones fueron los dos ex agentes de la agencia de inteligencia de Israel, quienes se hicieron pasar por representantes de un empresario árabe interesado en adquirir una compañía mexicana.

Estos audios fueron grabados entre septiembre y noviembre de 2017 durante reuniones que sostuvieron los dos agentes de la empresa de inteligencia Black Code con altos funcionarios de Pemex, entre ellos José Carlos Pacheco Ledesma, ex coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios; Luis Sergio Guaso Montoya, ex subdirector de Pemex Exploración y Producción. Fue el primero quien detalló la red de corrupción al interior de la petrolera.

Según se desprende de los reportes que han hecho los ex agentes, Pacheco pensó que estaba tratando con los intermediarios de un inversionista de Emiratos Árabes Unidos supuestamente interesado en comprar la empresa de plataformas petroleras Oro Negro, fundada por Gonzalo Gil White, quien es hijo de Francisco Gil Díaz –exsecretario de Hacienda–, y se encuentra actualmente prófugo de la justicia.

Sede de Black Cube en Tel Aviv. Foto: El Mundo.

Sin embargo, se trataba en realidad de dos empleados de una empresa israelí llamada Black Cube, contratada por la misma Oro Negro, quienes lo estaban grabando. El material  consta de alrededor de 26 horas de conversaciones, las cuales forman parte de un juicio de arbitraje que 40 inversionistas estadunidenses interpusieron contra el gobierno de México en un tribunal con sede en Canadá.

El caso Oro Negro forma parte de la investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en Pemex desde enero de 2012, que el gobierno de Estados Unidos lanzó en mayo pasado. Entre ellas destacan las compraventas irregulares de las plantas de fertilizantes Agronitrogenados y Grupo Fertinal, así como los presuntos pagos de sobornos realizados por la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola en su programa radiofónico de W Radio, Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, afirmó que su cliente –quien sigue prófugo de la justicia– “no tiene nada que ver en esto”; aseveró que las grabaciones son “ilegales” en México, que Pacheco “ni formaba parte del equipo de Emilio Lozoya” y que “tenía un cargo mucho menor en PEP, donde era director Carlos Morales”.

Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Foto: Especial

Coello volvió a cuestionar la responsabilidad de Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda. “¿Quién era presidente en México? Todos están calladitos ahora, y él que calla otorga”, dijo.

Según las grabaciones dadas a conocer por varios medios hoy –después que el Wall Street Journal revelara el caso, el viernes pasado–, el propio Pacheco aseguró que algunos exfuncionarios “se arriesgan a tomar en efectivo, y otros que a través de diferentes empresas lo van permeando”.

“O sea, muchas de las ocasiones lo que sucede es que te dicen, bueno, pues en este contrato a lo mejor va el 15 por ciento, el 10 por ciento, el dos por ciento… dependiendo de los montos, ¿no? Y entonces lo que existe por otro lado son empresas de consultoría o empresas que prestan servicios a la otra compañía y ahí te van facturando”, dijo.

Pacheco añadió lo siguiente:  “en teoría (los sobornos) se presentan como ‘bonos de éxito’, porque nadie quiere correr el riesgo de que montos empiecen a aparecer como si fueran, digamos, un porcentaje respecto a un contrato”.