En el sexenio anterior, con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo, Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó más de 13 mil millones de pesos mediante la modalidad de “donativo”, de acuerdo con el Libro Blanco Donativos y Donaciones, de la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social (GRDS) de la petrolera.

La entrega de dichos recursos fue sometida a múltiples auditorías, internas y externas, que revelaron irregularidades por cientos de millones, así como observaciones que apuntaban a adecuar el marco normativo en la entrega de recursos y fallas en la operación.

Los apoyos se entregaron, hasta el año pasado, mediante la GRSD de Pemex, entonces a cargo de Ramiro Rendón Burgos y con la aprobación de los directores generales que asumieron el cargo: Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina.

Emilio Lozoya, ex director de Pemex. Foto: EFE.

Además, la entrega de recursos materiales y económicos se justificó por el impacto que generó la petrolera en diversas comunidades de todo México.

“En favor de los grupos de interés, para consolidar la relación de la empresa con las comunidades que se encuentran en el área de influencia de Pemex”, se lee en el Libro Blanco.

A partir de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia, las donaciones han quedado canceladas.

De hecho, el 18 de febrero pasado el tabasqueño aseguró que “definitivamente” se pondrá fin a las transferencias de recursos públicos a organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y asociaciones filantrópicas.

Además, para evitar la corrupción, López Obrador aseguró que “todo el apoyo del gobierno, ej ejercicio del presupuesto, se va a entregar de manera directa a los beneficiarios”.

Al respecto, la doctora en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México, Gisela Zaremberg, explicó a Contralínea que el problema no eran los donativos en sí, sino el contexto de “no-reglas en donde se daban esos intercambios, con una historia de monopolio económico y también político en el territorio”.

La especialista indicó que los intercambios son muy deficientes en el contexto de reglas en general, ya que no se dan de manera transparente.

“Se dan las negociaciones bis a bis, en donde termina ganando el más fuerte… y no necesariamente las zonas más importadas. Eso es un problema”, dijo.

Pemex hizo entrega de dichos recursos supuestamente para que fueran realizadas actividades “operativas” en condiciones de estabilidad y continuidad, “relacionadas con infraestructura vial e hidráulica, obras de desarrollo urbano y vivienda, programas de capacitación, proyectos productivos, así como acciones de restauración ecológica y rescate de patrimonio arqueológico”, señala la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 16-6-90T9N-02-0452 que se hizo al Programa de Responsabilidades y Desarrollo Social de Pemex.

¿Qué pasó con esos más de 13 mil millones?

De acuerdo con el Libro Blanco de la GRSD, entre 2013 y 2018 se entregaron 13 mil 646 millones 389 mil 265 pesos, mediante seis acuerdos de autorización.

Al desglosarlos, se desprende que durante la administración de Peña Nieto fueron firmados los acuerdos:

  • CA-104/2013, con el que se entregaron 3 mil 249 millones 911 mil 498 pesos.
  • CA-002/2014, que designó 3 mil 646 millones 127 mil 782 pesos -el monto más elevado del sexenio-.
  • CA-219/2015, donde se depositaron recursos por 1 mil 977 millones 349 mil 985 pesos.
  • CA-002/2016, que entregó 1 mil 591 millones de pesos.

Además, los mismos 1 mil 591 millones fueron entregados bajo la dirección de González Anaya y Treviño Medina, bajo los convenios CA-006/2017 y CA-007/2018, respectivamente.

El Libro Blanco es un documento público gubernamental que “destaca las acciones y resultados de un programa, proyecto o política pública, que por su naturaleza o características se considere relevante o en la actividad económica, conforme a los objetivos, estrategias del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y/o a las reformas estructurales en materia energética, financiera, de telecomunicaciones, educativa, entre otras”.

Por su parte, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a cargo de Alfonso Ramírez Cuellar, está solicitando a Pemex que informe el destino de las donaciones de combustible y asfalto a estados, municipios y organizaciones sociales durante el sexenio anterior, pues se hizo sin ningún control y terminó por convertirse en un negocio.

“En realidad nunca se supo bien cuáles eran los criterios (para hacer las donaciones); había funcionarios, incluso familiares de funcionarios, que estaban como intermediarios de ayuntamientos y eran gestores, y que debían ser donativos, pues se convertía en un negocio”, declaró Ramírez Cuéllar al diario Novedades Campeche.

¿Cómo se hicieron las donaciones?

El documento explica que las entidades contempladas para recibir los beneficios fueron Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.

Así, en 2013 los más de 3 mil 200 millones de pesos fueron repartidos así:

  • 1 mil millones 500 mil 808 pesos en donativos numerarios.
  • 1 mil 75 millones 152 mil 519 pesos en asfalto.
  • 1 mil 569 millones 474 mil 455 en combustible.

Luego, en 2015, se realizaron nueve sesiones de trabajo, en las que se aprobaron 185 propuestas de donativos por más de 1 mil 900 millones de pesos, mismos que se integraron por 41 donativos de 351 millones cada uno; 136 donaciones en productos, superiores a 1 mil 611 millones 97 mil 180 pesos, así como cinco bienes muebles y tres bienes inmuebles.

Después, al llevarse a cabo la transición directiva de Lozoya Austin y González Anaya, los mil 591 millones fueron distribuidos en mil 281 millones 854 mil 353 pesos mediante 106 donaciones, que significaron el 95 por ci esto del monto comprometido. El resto, 63.5 millones se dio mediante ocho donativos.

Un año posterior, bajo el acuerdo CA-006/2017, se entregó la Previsión anual para el otorgamiento de mil 591 millones de pesos que se dispersaron de la siguiente manera:

  • 150 millones monetarios
  • 441 millones en donaciones de asfalto
  • mil millones en combustible

Cerca de concluir el sexenio, Pemex donó la misma cantidad y en las mismas operaciones que en 2017, bajo el Acuerdo CA-007/2018.

¿Y las auditorías?

Según el Libro Blanco, con la dispersión de los más de 13 mil millones de pesos se hicieron cinco auditorías internas, correspondientes a los años fiscales 2013, 2016 y tres en 2018.

No obstante, las irregularidades detectadas, sólo porque no se comprobó el destino final de los recursos, superaron los 401 millones de pesos.

De estos procesos se determinó que Pemex debía mejorar el marco normativo de la GRDS, “con la finalidad de dotar de eficiencia, transparencia y rentabilidad a la operación de cada una de las áreas que integran la Gerencia”.

También se solicitó “armonizar el marco normativo con la Ley de Hidrocarburos, derivado de la Reforma Energética”, y diseñar diversos formatos de registro de “información y evidencia relacionadas con el proceso de donativos y donaciones”.

Los procesos de fiscalización a estas acciones de Pemex también los realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó varias inconsistencias y daños.

Enrique Peña Nieto en Pemex. Foto: Especial

La ASF detectó que había 257 millones 994 mil 300 pesos que los gobiernos de Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas no comprobaron haber usado o en qué fueron destinados.

Tampoco de las donaciones de productos derivados del petróleo por 110 millones 783 mil 300 pesos, 17 millones 306 mil pesos o 129 millones 905 mil pesos, respectivamente.

En esos mismos estados, la Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social no supervisó conforme a la norma que los productos petrolíferos no fueran puestos a la venta, traspasados, transferidos o permutados a otro donatario o tercero.

Asimismo se “omitió” dar seguimiento a un donativo por 15 millones 703 mil 300 pesos para apoyar la adquisición de un helicóptero para Tabasco, y por la intervención de la ASF se tuvo que reintegrar ese donativo.

La ASF explicó que la Gerencia “carece de mecanismos de evaluación, seguimiento y supervisión sobre los aspectos técnicos, plazos, desarrollo de actividades y alcance de metas de los proyectos autorizados en materia de responsabilidad y desarrollo social”.

Por último, se determinó que el Manual de Organización de la GRDS está desactualizado con respecto del Estatuto Orgánico de Pemex, “por lo que los servidores públicos carecen de un marco normativo que dé certeza jurídica sobre las atribuciones y responsabilidades relacionadas con los procesos de donativos y donaciones”.