También en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), uno de los proyectos más importantes de Enrique Peña Nieto en materia infraestructura, hubo desvíos de fondos al estilo “estafa maestra”.

Habría que recordar que el NAIM fue cancelado por Andrés Manuel López Obrador, ya que consideró que era un monumento a la “corrupción”. Esa decisión de AMLO fue criticada por la oposición.

Según un reportaje de Zorayda Gallegos, para El Universal, durante 2015, 2016 y 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó convenios para administrar de forma directa trabajos en el nuevo aeropuerto.

La cuestión es que la Sedena, para cumplir con sus obligaciones, firmó distintos contratos (vía adjudicación directa) con varias empresas. El Universal revisó 248, y ubicó que de esos, 117 fueron asignados (por alrededor de mil 778 millones de pesos) a empresas que tienen irregularidades.

En 12 casos, los dueños de las empresas son “prestanombres que trabajan de veladores, albañiles, estilistas, policías o son beneficiarios de programas de subsidios al campo, vivienda o educación”.

Por ejemplo, en el caso de Aradam Construcciones, uno de los accionistas se llama Efrén Sánchez Garibay, policía de Chiapas que ganaba 6 mil 172 pesos mensuales. Cuando se le cuestionó si era accionista de alguna empresa, afirmó que “no poseía bienes inmuebles, empresas, coches o joyas”.

En la empresa Constructora Osercy, que también recibió contratos, sus socios fundadores negaron poseer esa empresa y se quejaron que a ellos les pidieron su firma y una copia de su credencial de elector a cambio de inscribirse en un programa social en el campo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha fichado a 8 empresas (que fueron contratadas por la Sedena para trabajar en el NAIM) por simulación de operaciones, adeudos fiscales y porque en ocasiones no se supo dónde estaban los domicilios de las empresas. Es decir, por ser empresas fantasmas.

Así es el caso de Soluciones Empresariales Santori. Esta empresa da la impresión de que fue constituida sólo para ganar contratos en el NAIM, pues se fundó el 22 de febrero de 2016, y siete meses después, ya tenía cinco contratos por 45.2 millones de pesos.

También está el caso de Modesta Martínez Martínez, que vendió 1.3 millones de pesos en “maderas” a la Sedena para el NAIM. En 2017, la empresa fue exhibida por el SAT por no estar localizado su domicilio. Supuestamente sus oficinas estaban en la calle 31 Sur de la ciudad de Puebla, pero ahí donde se tenía ese domicilio, había un puesto de jugos y no una empresa de venta de maderas.

Varias empresas fueron creadas para las obras del NAIM, y carecían de experiencia. Unas más ni siquiera tenían registro en la Secretaría de Economía. Dice el reportaje de El Universal:

Grupo Otermo fue constituida el 8 de febrero de 2017 y cuatro meses después firmó el primer contrato con la dependencia militar, pese a no haber estado inscrita en el padrón de proveedores de la Sedena. Tampoco tenía antecedentes de haber sido proveedora en Chiapas, donde se constituyó, ni en otros gobiernos estatales o el federal. Sus socios no parecen ser prominentes empresarios o comerciantes, ya que viven en barrios con calles sin pavimentar y en casas a medio construir, con paredes deterioradas, despintadas o sin ventanas”.

También hay casos de empresas que se crearon en “red” y ex profeso para ganar contratos de la Sedena. Un ejemplo que ofrece el reportaje de El Universal son las compañías “Especialistas en obras Valle Esmeralda, “Especialistas en obras civiles y proyectos arquitectónicos Lucana y Maquinaria Constructiva” y “Materiales Pétreos Monteolivo”.

Las tres “se constituyeron ante el mismo notario en Oaxaca y con una duración de 10 años, según las actas consultadas. Además dos de ellas, Valle Esmeralda y Lucana, proporcionaron el mismo teléfono de contacto. Alejandro Cervera Gallegos es accionista de las tres compañías, mientras que Nallely Jazmín Cruz fundó Valle Esmeralda y Lucana, y Evaristo Rafael León es socio fundador de Lucana y Monteolivo”.

Este esquema que se usó en la construcción del NAIM es muy similar al denominado Estafa Maestra, en que universidades que ganaron licitaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, otorgaron contratos a empresas fantasmas para supuestamente cumplir con las acciones que le correspondían hacer, cosa que evidentemente no hicieron.