Sin fondos para pagar los contratos de su personal, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que investigó y denunció irregularidades en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, vive “una crisis financiera extrema” que afectará su funcionamiento y obligará en una decisión sin precedentes, a suspender audiencias y viajes programados para este año en el continente americano.
De acuerdo con un comunicado emitido por la propia CIDH, el próximo 31 de julio se vencen los contratos del 40% del personal y no cuentan con fondos para poder renovarlos, por lo que el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó desde hoy su “profunda aflicción ante las víctimas, los peticionarios y las organizaciones de la sociedad civil”, pues no podrán darle seguimiento a las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Detrás de esta situación, la CIDH denuncia que hay una historia de falta de recursos para cubrir las necesidades del organismo que pese a estar enfrascado en esta situación, no ha dejado de ampliar el alcance de la vigilancia de los derechos humanos en la región.
Tan sólo entre 2014 y 2015, las donaciones de países como Chile, Argentina y Colombia redujeron sus donaciones a 200 mil dólares.
En el caso de nuestro país, el gobierno de Peña Nieto dejó de pagar las cuotas durante el 2015 y aún no ha otorgado recursos en lo que va del 2016, según denunció Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.
“En 2014, México le dio a la CIDH medio millón de dólares; en 2015, le dio al GIEI un millón 250 mil, y este año dio 750 mil. De los 2 millones que le dio al GIEI, no fueron recursos para la Comisión, o sea, la Comisión dejó de recibir medio millón de dólares” declaró Álvarez Icaza al diario Reforma.
En contraste, los países de América Latina destinaron 13 millones de dólares a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, la cual según el presidente de la CIDH, James Cavallaro, no investiga ningún caso en el continente americano.
“El presupuesto regular de la CIDH para el año en curso no alcanza los 5 millones de dólares, o sea menos de cinco milésimas de dólar ($0.005) por habitante” según explicó el organismo en su comunicado.
Por tal motivo, la CIDH pidió a los países miembros de la OEA, “realizar aportes financieros urgentes” para revertir la situación actual, además de generar una solución estructural que ponga fin con los problemas de presupuesto y una posible quiebra financiera.
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— CIDH (@CIDH) 23 de mayo de 2016
“La CIDH espera que la próxima Asamblea General de la OEA, a realizarse en junio, adopte una decisión histórica y trascendental, que refleje el compromiso de los Estados con la defensa de los derechos humanos en la región”.
CIDH, clave en el caso Ayotzinapa
En México, la CIDH participó como coadyuvante en la investigación de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 y se encargó de conformar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que después de una exhaustiva investigación, no halló una sola evidencia para asegurar que los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, como lo afirmaba la “verdad histórica” presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El último informe del GIEI también reveló que personal de la Procuraduría General de la República, encabezados por el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zeron, sembraron pruebas y restos óseos, obstruyeron y rechazaron diligencias, omitieron dar seguimiento a líneas de investigación claves, además de haber otorgado protección a oficiales que habrían participado en las desapariciones y torturado a presuntos sospechosos con el fin de respaldar la versión oficial.
Los resultados presentados por el grupo de expertos provocaron que el gobierno de Peña Nieto tomara la decisión de terminar con el convenio de colaboración firmado con la CIDH para que continuarán con una segunda etapa de la investigación, en las que se tenía contemplada una mayor profundización de los hechos.
Tras esta situación, la CIDH anunció que pondría en marcha un mecanismo especial para darle seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el GIEI en el caso Ayotzinapa, aunque ahora se desconoce si esto se llevará a cabo ante la crisis financiera anunciada por el propio organismo.
