Por: Redacción (@RevistaPolemón)
25 de julio de 2018.- Organizaciones civiles y de familiares de víctimas proponen la creación de una Comisión Nacional de la Verdad y la Memoria Histórica que se encargue de documentar las violaciones de derechos humanos cometidas durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante la llamada “guerra contra el crimen organizado”.
La iniciativa Romper el silencio. Hacia un proceso de verdad y memoria en México llamó a formar una comisión amplia de investigación de las atrocidades cometidas del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2018, entre las que hay desapariciones forzadas o cometidas por particulares, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las violaciones sexuales.
Dicha propuesta recupera elementos de algunas de las comisiones de la verdad más exitosas en otros países, por lo que sería dirigida por 12 comisionados y tendría un equipo de aproximadamente 500 investigadores, que serían quienes se encarguen de documentar las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por servidores públicos como por grupos criminales.
Este grupo estaría al frente durante tres años, con la intención de que se logre hacer un trabajo de largo aliento y también pueda dar resultados en un periodo no demasiado largo. Para ello, detallaron que los primeros dos años y medio serían para documentar casos en todo el país, mientras que los últimos seis meses serían para elaborar y presentar informes y reportes.
El trabajo se basaría en la recolección de miles de testimonios de víctimas en el país, pues son quienes tienen la información de primera mano de los hechos ocurridos e incluso han investigado por cuenta propia.
De acuerdo con el académico e investigador universitario, Guillermo Trejo, para lograr que los procesos de justicia transicional sean adecuados, primero debe indagarse sobre los delitos ocurridos en el país y luego considerar la posibilidad de una amnistía, de ahí la pertinencia de la Comisión de la Verdad. 
Los activistas indicaron que el proceso debe ir acompañado por agrupaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como de una fiscalía independiente que siga su propia labor de investigar y sancionar a los responsables de las atrocidades cometidas en el periodo mencionado.
Por su parte, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Jan Jarab, saludó la disposición del nuevo gobierno para abrir la senda de la justicia transicional, pero también alertó que las autoridades encargadas tendrán muy poco margen de error.
Las víctimas deben ser el centro
Para el integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Édgar Cortez, esta comisión deberá poner en el centro a las víctimas de desaparición forzada, feminicidio o desplazamiento forzado, con el fin de recuperar su voz.
En entrevista con Aristegui Noticias, el activista detalló que sólo así será posible identificar los patrones de comportamiento de los perpetradores de estas violaciones a los derechos, sin importar si son funcionarios públicos o miembros de la delincuencia organizada.
“Hay 33 mil o 37 mil desaparecidos, según las fuentes. ¿Cómo se puede hacer cargo el gobierno Federal? Hay que buscar alternativas de justicia transicional, de justicia restaurativa o de reconocimiento de Estado”, señaló.
En este documento se da cuenta de la propuesta completa con la que se pretende crear la Comisión de la Verdad:
