La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) levantó una denuncia en contra del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna, desde diciembre de 2020, por delitos de lavado de dinero, desviación de recursos, entre otros, que implican más de 300 mil millones de pesos.
Según una fuente de Presidencia, la denuncia podría alcanzar incluso al ex presidente Felipe Calderón.
La SSPC, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, explicó que en ese sexenio se entregaron adjudicaciones directas por 300 mil millones de pesos, pagadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por órdenes de las más altas autoridades de gobierno.
La demanda presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la que interviene también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la misma dependencia implica a quien fuera el director de Adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Marco Antonio Villarreal.
Hasta ahora en la investigación se han mencionado ocho contratos y se acusa a García Luna y a quien resulte responsable por los delitos mencionados.
Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rodríguez mencionaron que el Gobierno negoció una reducción de 15% en los pagos de autoridades por el funcionamiento de ocho reclusorios federales, cuyos contratos se firmaron durante la administración de Calderón con empresas privadas.
Agregaron que actualmente hay varios procesos penales abiertos para investigar a los servidores públicos relacionados. La adjudicación se hizo de manera directa y al día de hoy se considera una transacción que ocasiona graves daños al erario.
AMLO dijo que también están revisando contratos en otros sectores, al menos para quitarles “las aristas más nocivas” y recuperar lo que se pueda por lo que se obtuvo por soborno, influyentismo y moches, “ahora sí que como diría el clásico ‘haiga sido como haiga sido’”.
La carga de los contratos por los ocho penales federales fue en 2020 equivalente a casi 70% del presupuesto del organismo de prevención y readaptación social. En los últimos nueve años se ha pagado por esos centros 85 mil 398 millones de pesos.
En estos contratos se establece una cuota fija sin importar el número de recursos, por ejemplo, en el centro femenil de Morelos, con el 32% de su capacidad, se debe pagar como si estuviera lleno.
De esa forma se pagan al día 6 mil 634 personas, como “un hotel de cinco estrellas o más”, aseguró Rosa Icela.
Con este acuerdo se erogará a los particulares en el año actual 13 mil 543 millones de pesos, 2 mil 390 millones menos que lo programado anteriormente.
Así, el ahorro en el periodo 2021-2024 será de 10 mil 106 millones, “con lo que se pueden financiar todos los cuarteles de la Guardia Nacional”, consideró el Presidente, y de 2021 hasta el fin del contrato, 41 mil 496 millones de pesos.
Los penales están ubicados en ocho estados, en contratos hechos entre 2010 y 2011, en favor de Pápagos Servicios para la infraestructura, la cual trasladó los derechos a Exi Quantium; Sarre Infaestructura y Servicios también los trasladó a Eli Quantium.
Finalmente Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca se lo vendió a GIA, de Hipólito Gerard.
Por su parte, DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciara lo conserva, al igual que Concesionaria en Infraestructura de Michoacán.
Makobil y CRS Morelos pasaron sus derechos a Capital Inbursa, mientras que Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato lo cedió a Black Rock.
*Con información de La Jornada.
