Pese al boicot de la derecha y los obstáculos del Instituto Nacional Electoral (INE), el “Sí” arrasó en la Consulta Popular para enjuiciar a los ex Presidentes del PRIAN.
De acuerdo con los datos del conteo rápido del INE, más del 90 por ciento de los ciudadanos votaron por el “Sí”, aunque sólo hubo el 7 por ciento de participación del padrón electoral.
Según las proyecciones preliminares presentadas por el titular del INE, Lorenzo Córdova, el “Sí” obtuvo entre un 89.4 por ciento y un 96.3 por ciento de los votos, el “No” obtuvo entre un 1.4 por ciento y un 1.6 por ciento, los votos nulos entre un 2.2 por ciento y un 9.2 por ciento, mientras que la participación fue de entre el 7.07 por ciento y el 7.74 por ciento (unas 6.5 millones de personas) muy lejos del 40 por ciento (unos 37 millones de votantes) de participación que se necesitaba para que la Consulta Popular fuera vinculante.
La Consulta Popular fue la primera a nivel federal de la historia de México y fue convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que tres años antes, en entrevista con Carmen Aristegui cuando aún no tomaba posesión del cargo, la periodista le preguntó si llevaría a juicio a los ex Presidentes y él le respondió que únicamente lo haría con “una consulta popular de por medio”.
Fue así que el Presidente López Obrador envió la pregunta al INE para que se realizara la consulta:
“¿Está de acuerdo o no que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” decía la propuesta.
Tras recibirla, el INE le envió la pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tras un álgido debate, los ministros desaparecieron los nombres de los posibles culpables, en este caso, los ex Presidentes de México, y resolvieron que quedaría la siguiente pregunta confusa:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Para colmo, los legisladores de la oposición se opusieron a que la consulta popular se realizara en las elecciones del 6 de junio pasado, aprovechando que la gente iría a votar para elegir alcaldes, renovar el congreso y en algunos casos elegir gobernador, lo cual influyó en la poca participación que se observó el día de hoy en el ejercicio democrático.
Además, el INE influyó en la baja participación al difundir muy poco la realización de la Consulta y colocar menos mesas de votación de las que puso un mes antes durante las elecciones, lo cual trajo como consecuencia que la gente no fuera a votar, pues para una gran mayoría de las personas los lugares para votar estuvieron extremadamente alejados de su domicilio.
Aunado a esta situación, otras de las quejas recurrentes de las personas fue que el INE no instalara casillas especiales para que la gente en tránsito o residiendo en un lugar diferente al de su domicilio, pudiera ejercer su derecho a participar en la consulta, además tampoco permitió el voto en el extranjero y dificultó que las personas sin acceso a internet pudieran saber a dónde ir a votar.
Ante ambos reclamos de la ciudadanía, los consejeros del INE pusieron como pretexto no tener el presupuesto suficiente para armar un ejercicio de participación similar al desplegado durante las elecciones.
Por estos motivos luego de que concluyera la votación, un grupo de integrantes del Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular encabezados por Epigmenio Ibarra, Alina Duarte, Omar García y Ariadna Bahena, denunciaron que tanto la derecha como el INE, pusieron obstáculos para minar la realización de este ejercicio democrático.
“Hubo numerosos obstáculos y dificultades al ser un mecanismo sin antecedentes y los diferentes actores de la derecha buscaron minar y entorpecer el proceso ciudadano, se intentó deslegitimar la lucha por la justicia y desinformar a la población ridiculizando nuestro esfuerzo”, dijo Ariadna Bahena al leer un comunicado conjunto.
“El INE debía encargarse de los trabajos logísticos de este proceso, pero en lugar de eso diseñó reglas y mecanismos difíciles de acceder para toda la ciudadanía, entorpeciendo en todo momento los procesos. Por ejemplo, el cambio de lugares convencionales donde se ubican las casillas y se hicieron modificaciones el mismo día de la votación sin previo aviso. Además, el sitio para consultar las casillas fue una página de internet poco accesible para la ciudadanía”, denunció la activista.
Ante esta situación, los promotores de la Consulta Popular anunciaron que no se quedaran de brazos cruzados ante la impunidad de la que gozan los ex Presidentes e impulsarán una Comisión de la Verdad, además de integrar en en el Tribunal Permanente de los Pueblos el caso de México para juzgar los crímenes del pasado, convocando para ello a víctimas, organizaciones e intelectuales con el fin de discutir la integración del Tribunal.
Hasta ahora y tras conocerse los resultados preliminares de la votación, el presidente López Obrador no ha emitido ninguna postura al respecto, aunque se espera que lo haga el día de mañana durante su conferencia matutina.
De acuerdo con una entrevista en la revista Proceso al experto en Derecho Constitucional e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Hugo Concha Cantú, pese a no haberse alcanzado el 40% de la votación para volverla vinculante, el Presidente López Obrador puede presentar modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con el fin de crear una fiscalía especial para la investigación de hechos relacionados con el pasado.
Además, otra posibilidad es que el presidente López Obrador o en su caso el Congreso, creen comisiones de la verdad como ha ocurrido en otros países para esclarecer los hechos del pasado, sabes si se cometieron ciertos delitos y llevar a los responsables ante la justicia.
Por lo pronto, el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció que desde hace unos días tenían listo un plan B en caso de que el resultado de la Consulta Popular no fuera vinculante, el cual consiste en que los diputados de su partido promuevan ante la Cámara de Diputados una Comisión de la Verdad para juzgar a los últimos cinco ex presidentes.
“No vamos a descansar hasta que se haga justicia. Adicionalmente, vamos a buscar reformar la Ley para que los próximos ejercicios de Consulta se lleven a cabo el mismo día que haya elecciones”, expresó Delgado.
Apenas este viernes pasado, el Presidente AMLO expuso que en caso de votar en la Consulta Popular sería en contra de enjuiciar a los ex Presidentes.
¿Qué hará el Presidente López Obrador tras la decisión de los mexicanos en la Consulta Popular de sí enjuiciarlos? Esta noche, millones de mexicanos se irán a dormir con esa pregunta en la cabeza.
