El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que a las tres empresas que en el sexenio de Enrique Peña Nieto ganaron la mayoría de los contratos en compra de medicina y de material de curación, se les impedirá participar en las próximas licitaciones y se evitará otorgarles adjudicaciones directas. Además, indicó que se iniciará una investigación para saber si cayeron en actos de corrupción o tráfico de influencia.

Tres empresas acapararon el 62.4% (algo así como 34 mil 280 millones de pesos)  de todas las compras que hizo el ISSSTE e IMSS durante el año pasado. Éstas fueron Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V.; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V y MAYPO. Este dato no incluye las ventas que realizaron dichas empresas a otras instancias de Salud, tanto a nivel federal como en gobiernos estatales o municipales.

En un oficio que se envió el pasado 20 de marzo, y que apenas fue dado a conocer ayer, el mandatario mexicano pidió a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, que “se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción o tráfico de influencias”.

En el oficio se menciona que los contratos que se realizaron el año pasado con estas empresas “resulta, a todas luces, inmoral y violatorio del artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”.

Oficio que envió el Presidente López Obrador.

Este oficio lo hizo público el gobierno de México pues, durante la rueda de prensa, un reportero le preguntó si el empresario farmacéutico Francisco Pérez Fayad organizó foros de salud durante el proceso de transición.

A la pregunta, Andrés Manuel López Obrador respondió que quizás se coló porque “son como la humedad”, pero que no hay influyentismo, y afirmó que tan es así que

que para las nuevas licitaciones di a conocer un oficio a las áreas competentes, encargadas de este asunto, para que esta empresa y dos más, tres empresas que vendieron el año pasado más de 60 por ciento de toda las medicinas y materiales de curación al gobierno, que no pudiesen, en el marco de la ley, participar en nuevas licitaciones hasta que no se aclarara si no hubo influyentismo y corrupción en la venta de medicamentos el año pasado.