La Reforma Fiscal que incluye el combate a las facturas falsas y las empresas fantasma, no gustó para nada a los senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, y amenazan con ir en bloque para presentar una acción de inconstitucionalidad.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno Cárdenas, consideró que se trata de una medida desproporcionada a la que calificó como “simplemente terrorismo fiscal”, y aseguró que alejará las inversiones y lastimará a los empresarios.

El Partido Acción Nacional que dirige Marko Cortés, anticipó  que promoverían una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma.

Mauricio Kuri, senador del PAN por Querétaro, a quien se le ha vinculado con el lavado de dinero en Caja Libertad, dijo lo siguiente:

“Yo estoy convencido de que la única forma verdadera y efectiva de poder combatir la informalidad es apoyando al formal, para que sea más apetitoso estar en la formalidad. Por supuesto que estamos en contra de las factureras. Ayer hablaba el grupo mayoritario que hay 9 mil empresas factureras pero que vayan contra ellas. Ya saben dónde están”.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del sol azteca en el Senado de la República dijo que el bloque opositor está pensando incluso en  llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Será el último escalón en donde nosotros pudiéramos encontrar alguna respuesta distina, porque consideramos que es absolutamente desproporcional incluirlo como seguridad nacional, rebasa los planteamientos constitucionales”, aseguró.

El senador de Movimiento Ciudadano Samuel García también coincidió con su compañero en la Cámara alta. Dijo que hay un exceso contra el contribuyente de “a pie”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Presidencia de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no tardó en reaccionar y esta mañana en su conferencia calificó al bloque opositor de “farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros corruptos”.

El mandatario federal no se guardó su opinión y fue duro en sus comentarios.

“Da hasta pena ajena, defendiendo a defraudadores. Eso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país y todas estas cosas fueron protegidas, es decir, había respaldo político”, dijo.

Y enfatizó: “pero llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigue a defraudadores muestra que tienen problemas esos partidos, tienen una profunda descomposición al interior, no es la moral la que los guía, pero tienen su derecho a manifestarse y acudir a cualquier instancia. Nosotros vamos a defender que no haya facturas falsas, que no haya defraudación”.

Captura de pantalla de transmisión de la conferencia.

De 2014 a 2019, durante la administración de Peña, creció 31 veces el número de empresas defraudadoras. Se tienen detectadas en ese periodo 8 millones 827 mil 390 facturas falsas. El monto de las operaciones se estima en un mil 611 mil millones 418 mil pesos. La suma de las operaciones fraudulentas alcanza los 354 mil 512 millones de pesos, es decir, 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Es por esta razón que López Obrador cuestionó el hecho de que mientras  “campesinos, obreros, pobres paguen impuestos, las clases medias, los profesionales, los pequeños y medianos comerciantes, empresarios en general”, existan despachos para defraudar. 

Consideró que, si eso continúa, el Gobierno Federal no tendría recaudación de impuestos y ello obligaría a regresar a prácticas anteriores de aumentar y crear nuevos impuestos o decretar “gasolinazos”.

López Obrador aseguró que quien no paga impuestos “es un corrupto”  y debería darle vergüenza, porque utiliza documentos falsos para “no contribuir, no ayudar”.

“Se creen muy vivillos, son muy influyentes, tiene muchas agarraderas. Se acabó eso, es una vergüenza que un partido esté defendiendo eso”, agregó. 

En junio pasado, Ríos-Farjat destacó que cada vez se van sofisticando más las operaciones y el tipo de facturación. El total de lo que expiden las empresas fantasma en facturas falsas es de casi nueve millones, un promedio de mil por cada una de las factureras, las cuales implicarían una evasión de 354 mil 512 millones de pesos, suponiendo que toda factura se redujo 1.4 por ciento del PIB.