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Polemon | 15 noviembre, 2017

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Tlatlaya: dictadura militar selectiva

Tlatlaya: dictadura militar selectiva

Por: Jaime Avilés (@Desfiladero132)

4 de julio de 2015.- Un reportaje sobre las matanzas de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato, escrito por nuestro colaborador, Federico Mastrogiovanni, y publicado este jueves 2 de julio por los portales de Carmen Aristegui y Polemón en México, por Ópera Mundi en Brasil y ayer viernes por el diario italiano La Repubblica, produjo hilarantes reacciones de la embajada mexicana en Roma.

En una carta a Ezio Mauro, director del rotativo, el embajador Miguel Ruiz-Cabañas Izquierdo aseguró que México está “empeñando” en “combatir a la delincuencia respetando los derechos humanos”.

El gobierno de Peña, según su representante, tiene como prioridades “el desmantelamiento de los grupos de la delincuencia organizada que operan en el país y la plena incorporación constitucional de los derechos humanos, así como la enseñanza de estos principios a todos los niveles y rangos de la sociedad”.

Nótese cómo el uso de la palabra “rangos” alude veladamente al Ejército. Ruiz-Cabañas asegura que estos “argumentos”, según él “fundamentales para comprender a plenitud la realidad mexicana, están ausentes en el artículo del periodista Federico Mastrogiovanni, cuyo texto proporciona al lector información parcial, que no favorece la comprensión integral de lo que sucede en México”.

Sin tomar en cuenta que Peña Nieto creó un cuerpo llamado Gendarmería a imagen y semejanza de los Carabineros italianos, el embajador prosigue resbuznando: “Ante la ausencia de una institución como los Carabineros italianos, y ante la necesidad del gobierno mexicano de hacer frente a los criminales, se ha encargado al ejército mexicano coadyuvar en esta tarea”.

Según el diplomático, “las fuerzas armadas, como el resto de la sociedad mexicana, están sujetas al Estado de Derecho, como siempre lo han demostrado”.

Comunicazione Ezio Mauro La Repubblica

Nueva pesadilla 

“Soldados asesinos, nueva pesadilla de México”, fue el título que La Repubblica dio al trabajo de Mastrogiovanni, premio PEN Club 2014, que presenta una síntesis detallada del informe que el Centro Pro de Derechos Humanos dio a conocer sobre el asesinato de 22 civiles, que ya se habían rendido ante el ejército, en una bodega del municipio mexiquense de Tlatlaya, el 30 de junio del año pasado.

Para proteger la integridad física de la señora Clara Gómez González, que sobrevivió a la matanza, en la que fue fusilada su hija de 15 años, el Pro obtuvo por medio de procedimientos legales una copia del oficio girado por la base de operaciones “San Antonio del Rosario”, sita en el Campo Militar número 22-D, y dirigido al teniente de infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, el 11 de junio de 2014.

En ese documento, Rodríguez Martínez recibe órdenes de basarse en “un profundo trabajo de inteligencia” a fin de planear “acciones para reducir la violencia” y ejecutarlas “en horas de oscuridad, sobre objetivos específicos, evitando con esto interferir en las actividades de la población civil”.

Añade el documento: “La prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas involucradas, evitándose generar víctimas colaterales”. En consecuencia, “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad“.

Aun cuando el Centro Pro exhibió el instructivo recibido por el teniente Rodríguez Martínez, como prueba legal de que las tropas a su mando aprovecharon las “horas de oscuridad” para asesinar a 22 civiles en Tlatlaya, una lectura más amplia sugiere que estamos ante una pauta general de conducta, que se aplica en todo el país.

De otro modo, cómo nos explicamos que, después de cada nueva matanza de civiles el Ejército invariablemente anuncie que los enfrentamientos ocurrieron cuando “un convoy militar fue emboscado al amanecer“. La verdad, ahora podemos ya confirmarlo, es muy otra.

Por lo menos desde que Felipe Calderón puso en práctica las enseñanzas del general colombiano, Oscar Naranjo, inventor del programa de estímulos y recompensas llamado “falsos positivos”, para premiar a soldados que dieran muerte a narcotraficantes y guerrilleros aunque éstos en realidad fuesen civiles inocentes cazados al azar, los excesos del Ejército mexicano han ido en aumento.

Recuérdense los civiles acribillados en retenes militares en Sinaloa y Tamaulipas, el asesinato de testigos de enfrentamientos en Monterrey, donde civiles que se ocultaban para salvarse del fuego entre soldados y narcos, fueron ejecutados con disparos en el rostro y exhibidos con armas de fuego en las manos, como si fueran criminales.

Pero el dato sin duda más valioso y escalofriante, aportado por el cuerpo de abogados y abogadas del Centro Pro, revela que en México, desde el sexenio de Calderón, existe un sistema de “justicia” clandestina, una especie de dictadura militar selectiva, que investiga, juzga, condena y elimina a civiles, al margen de las leyes vigentes y pasando, como señala Mastrogiovanni, “por encima del Poder Judicial”.

¿Quién o qué le otorga derechos a determinado oficial del ejército para decidir que una persona debe morir aplastada como una cucaracha, aun cuando se trate de un asesino con un largo historial de crímenes en su haber?

 

Estamos frente a la negación absoluta del Estado de Derecho invocado por el embajador mexicano en Italia, pero el cuadro se oscurece más si pensamos que las instituciones del Poder Judicial tampoco respetan las leyes, ni las garantías individuales ni los derechos humanos, y son manipuladas por los elementos más corruptos del régimen.

De otra forma cómo entender la desaparición forzada de un sinnúmero de personas, que fueron secuestradas por delincuentes en complicidad con agentes del gobierno, y la falta de voluntad en la clase política para establecer leyes que combatan eficazmente este fenómeno cada vez más extendido.

O la ceguera de jueces y magistrados frente al saqueo cometido por gobernantes que, pese a haber sido señalados como ladrones –el caso de Humberto Moreira es el más fresco– siguen disfrutando de la más amplia impunidad.

México, disculparán la insistencia, dejó de ser un país hace rato. Hoy sólo es un territorio que exporta recursos naturales, drogas de todos colores y divisas, en el que el gobierno carece de estructura jurídica y el presidente de estructura mental, y todas y todos salimos sobrando.

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